Segundo tirón de orejas del Síndic a PP y Vox en Elche por "uso partidista" de la comunicación institucional
El PSOE traslada una nueva resolución del Defensor del Pueblo que incide en que debe garantizarse la máxima objetividad en vídeos, noticias y declaraciones que se difunden en los perfiles oficiales del Ayuntamiento
El Defensor del Pueblo ha vuelto a dar un segundo tirón de orejas al equipo de gobierno de PP y Vox en Elche por "uso partidista" de la comunicación del Ayuntamiento. El PSOE ha trasladado esta semana la segunda resolución del Síndic sobre la queja que los socialistas interpusieron en febrero contra el Ejecutivo local por continuar usando los medios de comunicación municipales y la sala de prensa para criticar y descalificar al adversario político.
Desde el grupo municipal tildan de "varapalo" la respuesta del Alto Comisionado de Las Cortes Valencianas ya que sostiene que es "fundamental" distinguir la “comunicación política” de la "institucional u oficial” y que es importante separar la opinión política de la información veraz, "ya que no es lícito usar los medios oficiales para cuestionar al adversario político".
Primera resolución
En cuanto al desarrollo de los hechos, la edil Patricia Maciá explica que el pasado 22 de diciembre, el Síndic resolvía a favor del PSOE recomendando al equipo de gobierno que usara los medios públicos de comunicación para informar a la ciudadanía de forma objetiva evitando las descalificaciones a concejales o partidos. El 16 de enero, Alcaldía asumió las recomendaciones y expresó que las cumpliría con rigor, recuerdan desde las filas socialistas.
Si bien, añaden que "poco tiempo le duró esa etapa de hacer caso al Síndic por parte del PP y a Vox" refiriéndose a que el 1 de febrero el alcalde hizo unas declaraciones sobre el monumento de origen franquista del Paseo de Germanías y vertió sobre el PSOE descalificaciones y acusaciones "sin tapujos". Ante ello, el grupo municipal registró un escrito al Ayuntamiento solicitando el cumplimiento de la resolución de diciembre del Síndic. “20 días después, el alcalde hacía un vídeo colgado en Instagram descalificando al anterior equipo de gobierno”, añaden.
El 23 de febrero el grupo municipal presentó una nueva queja por falta de contestación del Ayuntamiento al escrito escrito registrado semanas antes, “pero es que, en ese tiempo, se seguía con el uso partidista de las redes sociales municipales”, lamentan.
Información
Tres días después, el 26 de febrero, el Síndic admite la queja a trámite y le requiere al ayuntamiento información en el plazo de un mes. El 27 de febrero, el 1 de marzo y el 20 de marzo el PSOE añade nuevos hechos en los que entienden que se comete un uso partidista de los medios institucionales. Es ya el 1 de marzo cuando Alcaldía responde al escrito de 2 de febrero, una vez el Síndic le había solicitado información.
El 27 de marzo, el equipo de gobierno remite un informe al Defensor del Pueblo exponiendo alegando el gabinete de prensa está formado por profesionales independientes y cualificados y que las valoraciones de los miembros del gobierno se emitían al amparo de la libertad de expresión.
Alegaciones
El 3 de abril, desde este grupo de la oposición presentaron alegaciones al informe municipal exponiendo que, a pesar de la primera resolución del Síndic, y a pesar de que el gobierno se comprometió a acatar sus recomendaciones, el alcalde y algunos de sus concejales "hicieron caso omiso y continuaron con la mala praxis", según trasladajn los socialistas. En este sentido añaden los socialistas que respetan a los profesionales del gabinete de prensa, "pero lo que denunciamos es el uso partidista de las redes sociales municipales”.
Críticas a la gestión
Maciá ha ido más allá y critica que Pablo Ruz, sus concejales del PP y su socio Vox "no están a la altura de lo que se espera de un gobierno municipal serio, responsable y honesto". Al hilo aprovechan la respuesta del Síndic para afear la gestión municipal por otros asuntos como la supresión de carriles bici, "una zona de bajas emisiones sin sanciones ni control", el mantenimiento de la cruz de los Caídos, que los socialistas consideran que incumple la ley o la forma de gestionar la crisis de hace sólo unos días que acabó con la dimisión de José Navarro.
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