La plataforma por la reversión del Vinalopó advierte: "prorrogar la concesión no es viable jurídicamente"

La plataforma cívica que se creó en febrero para exigir la reversión del Hospital del Vinalopó de Elche alerta de que prorrogar la concesión al grupo Ribera Salud no es viable jurídicamente. El colectivo se ha concentrado este viernes por segunda vez a las puertas del hospital para que el departamento ilicitano deje de tener gestión privada.

Paqui Ortiz, integrante de la plataforma ha hecho de portavoz del colectivo para señalar que existe una desigualdad que sufren ciudadanos de Elche, Crevillent, Aspe, Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes al ser el único departamento por revertir a la gestión pública de toda la Comunidad Valenciana, lo que entienden que es un agravio comparativo.

Largas esperas

Han referido que los pacientes sufren problemas continuados de largas esperas para ser atendidos, "fuga de profesionales" y que se da una gran rotación del personal porque hay menos profesionales para más pacientes.

La plataforma ha estado acompañada hoy en la concentración, a la que han acudido unas 200 personas, por la Plataforma de Defensa de la Sanitat Pública del País Valencià, así como la Plataforma por la Sanidad 100x100 Pública y de Calidad de Torrevieja y la Plataforma Ciudadana para la Defensa de la Sanidad Pública de Manises, todos ellos, departamentos de salud que, o bien han sido ya revertidos a la gestión pública o están al punto de hacerlo como es el caso de Manises. También han estado presentes otros movimientos como Marea Blanca País Valencià Comarques del Sud, Acdesa, representantes de sindicatos, de asociaciones vecinales y de partidos políticos, entre ellos concejales del PSOE y miembros de Compromís.

Por la tarde, sobre las 18 horas, está prevista una jornada en el entorno del centro cívico Francesc Cantó para defender la idea de una sanidad totalmente pública.

Colectivos crean en Elche una plataforma a favor de la reversión del Hospital del Vinalopó

Aurelio Duque, integrante de la Plataforma per la Sanitat Pública del País Valencià ha explicado que prorrogar la concesión a Ribera Salud no es viable jurídicamente porque se podría sería incurrir en posibles irregularidades ya que sería necesario cambiar las condiciones del contrato, que tiene una vigencia de 15 años y que se cumpliría en 2025.

El profesional sostiene que en el contrato no hay previsión para más tiempo y se contemplan aspectos como las inversiones y la amortización de las infraestructuras. Añaden que sería obligatorio cambiar las condiciones del contrato pero esa modificación "desde el punto de vista legal podría considerarse prevaricación porque tendría que salir a concurso de nuevo. Sería un problema jurídico serio que podría llevarse a los Tribunales”, ha referido.

Deficiencias

En otro orden de cosas, el representante de esta plataforma critica que el gobierno valenciano, de PP y Vox, esté intentando prorrogar "a sabiendas que hay carencias y deficiencias estructurales en la plantilla en cuanto a ratios, a inversión, a listas de esperas". Insisten en que la concesión va en contra de los intereses de la ciudadanía, de la sanidad pública y, sobre todo, de "los profesionales sanitarios que trabajan en este departamento, el único que queda privatizado y por eso pedimos que se revierta”.

Daniel Geffner, médico, miembro de Acdesa y también integrante de la plataforma autonómica por la sanidad pública, ha querido enfatizar el modelo Alzira de concesiones sanitarias, “un modelo que afectó a casi un millón de valencianos y valencianas, al 19% de la población y, que hoy por hoy, quedará solo el Departamento de Salud Vinalopó con estas características". Este profesional se ha mostrado muy crítico con el modelo de gestión privada porque entiende que es un "traje a medida" de las concesionarias, y que se han lucrado con "menos plantillas, menos condiciones laborales, pocas camas y la renovación de infraestructuras y nuevas tecnologías deficitaria".

Sindicatura de Cuentas

Trasladan que la Sindicatura de Cuentas ha revelado que el modelo tiene carencias importantes y que no ha sido controlado ni por el anterior gobierno de Ximo Puig ni por el de Carlos Mazón.

Manuel Gómez, de la Plataforma por una sanidad pública 100x100 de Torrevieja (departamento de salud revertido en 2021) ha acudido a la movilizaciónn para aportar la experiencia en Torrevieja con un proceso de gestión de 15 años privatizado "del cual no se pasa página de la noche a la mañana".

Indicaba que en ese tiempo han duplicado la población y pero con los mismos recursos, "no ha habido inversiones en infraestructuras ni en atención primaria ni especializada ni en el hospital. Hay 1’3 camas por cada 10.000 habitantes, se trata de la tercera parte de la media nacional. Tenemos un hospital colapsado, con largas colas de espera y sin consultas por especialidades", denuncian.

Según Gómez sigue sin producirse la reversión en su totalidad porque se sigue pagando a Ribera Salud el servicio informático no compatible con el sistema de la pública, según el profesional, "y eso es otro gasto de dinero e ingresos para la concesionaria". De igual forma, lamenta que antes la inversión bianual del anterior Consell era de 11 millones de euros y ahora con el PP y Vox al frente de la Generalitat esa inversión se ha quedado en 1 millón de euros.