La guerra abierta en Riegos de Levante es más evidente cada día que pasa. El reparto del coste de las tarifas que tienen que pagar los regantes por hacer uso del trasvase Tajo-Segura, llegue o no llegue agua, ha provocado que cinco comunidades de base, las que están más próximas a la anterior cúpula directiva de la comunidad general, hayan escenificado más aún su distancia con el actual presidente Javier Berenguer.
El desencadenante de esta nueva polémica ha sido que la comunidad general ha acordado que las tarifas se repartan entre todos los regantes con derecho a agua, con independencia de que hagan uso de ella o no. Es decir, que el canon lo asuman las comunidades de base en función de su superficie regable. Esta decisión cuenta con el respaldo de El Canal, el Tercero y la comunidad de Orihuela, que representan a la mayoría de los regantes, concretamente, al 71,5% del total.
Por contra, las comunidades de la Sexta y Séptima, Cuarta de Levante y Séptima de la Peña, Crevillent, Huerta de Alicante y Bacarot consideran que esta tarifa se debe repartir únicamente entre los comuneros que piden agua, librando del pago a las parcelas que actualmente no se están utilizando para el cultivo, donde, sostienen, resulta muy difícil recaudar cualquier tipo de tasa.
Es más, indicaron que el modelo que ellos defienden es el que se viene aplicando en las cuentas generales de la comunidad con el cobro de las derramas anuales que dan derecho a riego.
Desde la dirección de la comunidad general, desde donde proponen el reparto que ha salido adelante, sostienen que lo que se está haciendo es aplicar la legislación, y realizan la comparación de que se trata de un coste de mantenimiento como el que abonan todos los propietarios de una finca de viviendas, aunque haya vecinos que no residan en ella.
Sin embargo, los opositores defienden que esta opción perjudica a las zonas de cultivo más deprimidas, ya que entienden que puede llevar a que los propietarios de terrenos con derecho a riego, que no hacen uso de agua, acaben renunciando a este derecho y, como consecuencia, que el campo de la provincia pierda superficie.
En cualquier caso, lo que está haciendo la comunidad general, y para esto sí que cuenta con el apoyo de todas las comunidades de base, es recurrir las liquidaciones de los meses en los que el trasvase Tajo-Segura estuvo cerrado, en tanto se pronuncian los juzgados, donde ha acabado el conficto abierto entre el Ministerio de Agricultura y los regantes, que se niegan a pagar por un servicio que no han utilizado durante los meses más graves de la sequía.
A pesar de ello, la comunidad general está depositando en una entidad bancaria los avales necesarios para hacer frente al pago de las tarifas en el caso de que así lo decidan los tribunales, y, para ello, apuntaron, «cada comunidad de base tiene que aportar su parte correspondiente, para no dejar sin recursos a la comunidad general». El coste anual del canon para Riegos de Levante es de 2,5 millones de euros.
