Cuando se trata del blanqueo de capitales, cualquier inversión es válida. Hasta adquirir un manantial por tres millones de euros. Parece de comedia policiaca, pero es una de las inversiones que realizaron los cabecillas de la macrooperación contra el fraude fiscal que se desarrolló hace unas semanas en el Parque Empresarial de Elche, además de en otras nueve ciudades españolas y en varios países de Europa. Las inversiones inmobiliarias -un clásico en cuanto a blanqueo de capitales se refiere- tampoco faltaron en la trama, además de la compraventa de coches de lujo, según nuevos detalles que dio a conocer ayer el Ministerio de Hacienda y la Policía Nacional, quienes lideraron la investigación a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal en Madrid.
De hecho, durante los 62 registros que se realizaron en España, a los que se sumaron otros 39 en diferentes puntos de Europa, los agentes se incautaron de 52 vehículos de lujo, un arma de fuego, 400.000 euros en efectivo, material informático y numerosa documentación, entre otros efectos encontrados. La macrooperación se saldó con 58 detenidos, varios de ellos en Elche, donde se encontraba uno de los dos centros neurálgicos de la organización, junto al que estaba en Madrid. Entre los arrestados, está el abogado ilicitano Manuel Roig, y los empresarios Ramón Sánchez Sáez y Jesús Enrique Samper, que se encuentran en prisión provisional sin fianza. Como otros de los principales artífices de la trama, están señalados dos empresarios murcianos, que también se encuentran en prisión preventiva sin fianza. Además, se decretó prisión eludible bajo fianza para algunos arrestados, entre ellos, un abogado madrileño, que ya ha quedado en libertad tras abonar la cantidad solicitada por el juzgado.
La investigación que asumió desde el principio el Juzgado de Instrucción número 5 de Elche permitió abrir una pieza separada relacionada precisamente con los coches de lujo, en la que se detuvo al hijo del narcotraficante gallego Laureano Oubiña, gracias a las escuchas telefónicas de la investigación principal.
60 millones de euros
El fraude total de la red de empresas, que contaba con más de un centenar de mercantiles que actuaban como empresas pantalla, a nombre de testaferros, ascienda a casi 60 millones de euros, de los que la mayoría, 45, afectan a las arcas de la Hacienda Pública española, según detalló ayer el Ministerio de Hacienda.Por otro lado, se han detectado facturas falsas por 250 millones de euros.
La mayoría de las empresas implicadas en la trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales se dedicaban a la compraventa de productos electrónicos, tanto auténticos como falsificados. Además, para aumentar el fraude, según señala el Ministerio de Hacienda, una parte de esos dispositivos se destinaban al consumo a precios anormalmente reducidos debido a ese impago de IVA, creando así competencia desleal con el resto de comerciantes del sector. Por último, se duplicaba la estafa, volviendo a introducir en el circuito fraudulento estos productos, simulando la venta fuera de España y pidiendo la devolución del IVA español, un IVA que previamente no había sido ingresado como debería.
