La trama desarticulada el pasado miércoles por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), Vigilancia Aduanera y la Agencia Tributaria, y que se saldó con el registro de varias empresas en el entorno del bulevar del Parque Empresarial, además de mercantiles en otras nueve ciudades españolas y varios países de Europa, movió más de 400 millones de euros, empleando diversos modus operandi para blanquear los beneficios. La cantidad a la que asciende el IVA defraudado en España se estima que llega a los 42 millones de euros, y se basa en movimientos ficticios de compraventa de productos y falsificaciones de documentos mercantiles, además de recibos de traslado de mercancías entre las más de 100 empresas que forman parte del entramado empresarial. Así lo confirmaron ayer fuentes de la investigación tras levantar el secreto de sumario de la causa.

La macrooperación comenzó en Madrid, hace ya varios años, cuando el cabecilla de la red, que se encuentra en Estados Unidos y para el que el juzgado ya ha pedido orden de detención, comenzó a extender las empresas por todo el territorio, especialmente en la capital, Murcia y Elche. La «sede» ilicitana es el último escalón de la red, que dependía de otras empresas murcianas, actuando las mercantiles ilicitanas como testaferros. Así, Roig-Román Consulting, una empresa de consultoría del Parque Empresarial, junto a Omega Distribución Digital, cuyo administrador es Ramón Sánchez Sáez (ambos detenidos y en prisión) fueron las dos mercantiles empleadas para cometer el fraude en Elche, a instancia de los dos detenidos en Murcia, y que el juzgado de Instrucción 5 de Elche también mandó a prisión. Otros dos familiares de Ramón Sánchez completan la lista de detenidos en la ciudad, además del empresario Jesús Enrique Samper.

En total, en las diez ciudades donde se produjeron registros, se llevaron a cabo 50 detenciones. Once de los arrestados pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Elche, y seis quedaron en prisión provisional sin fianza, mientras que para otro de los implicados se decretó prisión eludible con fianza. El juzgado intervino las cuentas de buena parte de estas mercantiles, como medida preventiva. Además del líder del entramado, los juzgados han pedido comisiones rogatorias en otros ocho países, para solicitar la detención de otras tres personas.

Hasta 70 millones de euros

La denuncia de la Agencia Tributaria ante la Fiscalía de Elche, según confirmó el TSJCV, destapó el caso. La investigación se inició en 2016. Justo en ese año, Omega, la principal empresa de la trama en Elche, facturó 70,4 millones de euros, 20 más que en 2015, y mucho más que dos años antes, cuando, curiosamente, la mercantil cambió de nombre y de administrador. Así, pasó de llamarse Omega Consulting, administrada por Manuel Roig, socio de Roig-Román Consulting, a Omega Distribuidora Digital, en la que aparece como administrador Ramón Sánchez Sáez. Estos dos nombres se repiten en varias firmas más, todas supuestamente empleadas como empresas pantalla para urdir el fraude.

Así, la red utilizaba empresas con productos tecnológicos y electrodomésticos para realizar facturas falsas, simular operaciones, y eludir el pago del IVA, además de para blanquear dinero. Un entramado a nivel internacional, con empresas en varios países de Europa, que ha requerido la participación de organismos como la Europol y Eurojust, además del FBI de EE UU.

Por el momento, el Juzgado de Instrucción número 5 de Elche continuará con la investigación, tras más de año y medio de escuchas telefónicas, seguimientos y vigilancia de los principales implicados. Las detenciones no han terminado, y habrá que esperar a las comisiones rogatorias para que la detención de los cuatro implicados a nivel internacional se ejecute y se amplíe la información.