Contratos menores que se ajustan a la ley, algo que, al final, de un modo o de otro acaban haciendo no pocas instituciones, y que, en muchas ocasiones, lo que buscan es ahorrarse el trago de tener que dar cuenta del fichaje de un asesor que viene a engrosar la plantilla de personal de confianza, con la publicidad que va aparejada a este tipo de procesos. La cuestión, ahora, ha vuelto a ponerse de actualidad en el Ayuntamiento de Elche, después de que por la última Comisión de Hacienda pasara un contrato menor para reforzar el departamento de comunicación con una persona. Algo que ha comenzado a disparar las críticas entre ciertos sectores de la oposición, aunque, de momento, sus quejas se queden en círculos relativamente reducidos. No es ilegal, pero algunos consideran que no es estético, que, ya que tienen que reforzarse, al menos que lo hagan por el cauce habitual para los asesores, en aras a la transparencia. Y eso a pesar de que es una fórmula que también utilizó el PP en el anterior mandato, y el PSOE antes.

Todo empezó en la Comisión de Hacienda del miércoles, cuando se dio cuenta de la relación de contratos menores publicados en el primer trimestre del año. Una tarea habitual que le corresponde fiscalizar de forma periódica a esa comisión en la que están representados todos los partidos políticos de la Corporación municipal.

Sin embargo, entre todos esos contratos, hay uno que llamó poderosamente la atención y fue el relacionado con la prestación de servicios de gestión de contenidos informativos para redes sociales y webs municipales, por importe de 17.000 euros para todo un año. Un contrato, que, según indicó ayer la concejal de Hacienda, Ana Arabid, se realizó siguiendo el procedimiento anterior a la nueva Ley de Contratos y que cumplió con todos los cauces legales. «Si el departamento de contratación lo ha tramitado es porque cumple los requisitos legales para ello y cuenta con los informes técnicos necesarios», aseguró la edil del área.

Más allá de eso, y sin discutirse en ningún momento la legalidad del contrato, de lo que sí se ha hablado en determinados sectores de la oposición es de la fórmula utilizada para reforzar el departamento de prensa del Ayuntamiento, donde la mayor parte de sus trabajadores es personal de confianza y eventual que elige el propio equipo de gobierno. De ahí que ese nuevo contrato no esté del todo bien visto, y lo hacen apelando a la transparencia. A ello se suma el hecho de que, según sostiene algún jurista, una persona que no pertenece a la plantilla municipal, sea funcionario o asesor, no puede usar instalaciones propiedad del Ayuntamiento para elaborar su trabajo.

Sin embargo, éste no es el único caso que se ha dado en el Consistorio ilicitano de estas características. Hay otros similares ocurridos durante este mandato, como, por ejemplo, el refuerzo también en labores de comunicación en VisitElche al inicio del mandato, y cuando aún estaba Ilicitanos por Elche en el tripartito. También en los mandatos de Mercedes Alonso o de Alejandro Soler se externalizaron algunas labores de prensa.

Sea como sea, la polémica de este último contrato también llega justo después del conflicto ocurrido con los trabajadores de la emisora Radio Jove. Una decena de trabajadores de Radio Jove e Info Jove, dos servicios de la Concejalía de Juventud, pero externalizados a través de una empresa, denunciaron al Ayuntamiento de Elche y a la concesionaria de ambos servicios, Emergencias del Mediterráneo, por un presunto delito de cesión ilegal de trabajadores. Los empleados entendían, entre otras cosas, que su trabajo se desarrollaba en instalaciones municipales, además de recibir las órdenes, la organización de su jornada laboral, y demás instrucciones del Ayuntamiento ilicitano.