La falsedad en documento oficial puede llevar penas de prisión. Y, si no, que se lo digan a los tres empresarios ilicitanos condenados a seis meses de cárcel por cobrar a extranjeros por falsificar contratos laborales por funciones que nunca llegaron a desempeñar, y cuyo único fin era presentarlos ante Extranjería para obtener el correspondiente permiso de residencia y/o de trabajo. Así lo recoge una sentencia que acaba de dictar el Juzgado de lo Penal número 2 de Elche.
El caso se destapó cuando la Oficina de Extranjeros de Alicante detectó un número elevado de personas que, a la hora de solicitar el permiso de residencia por circunstancias de arraigo social, hacían entrega de propuestas laborales de una misma empresa, con sede en Elche, de la que uno de los condenados era el socio único, con el segundo acusado como administrador y un tercer colaborador que se incorporó posteriormente, según la propia sentencia.
Según recoge el fallo judicial, el fin era falsificar estos contratos con el fin de, en algunos casos, llegar a cobrar a los presuntos trabajadores, a cambio de poder regularizar su situación en España. De esta forma operaron hasta en 16 contratos de trabajo, según se pudo demostrar ante los juzgados. Ahora bien, lo que no quedó acreditado es que se les garantizara a las personas afectadas el éxito de su solicitud.
El tribunal también ha condenado a los empresarios a abonar una multa de 540 euros, y a pagar las costas procesales a partes iguales. Pese a que seguramente no entren en prisión, al ser la pena menor de dos años, esta sentencia sirve como un aviso a navegantes en este tipo de prácticas, pues ya deja antecedentes penales y pone de manifiesto el control de las autoridades para evitar este tipo de prácticas. Un contrato laboral es un documento oficial, por lo que cualquier fraude relacionado con falsificaciones es considerado como un delito de falsedad en documento oficial.
Curiosamente, es el mismo cargo al que tendría que enfrentarse, en caso de que se demuestre el fraude en el máster de Cifuentes, la persona o personas que pudieron haber falsificado el acta del título. De hecho, cualquier titulación ofertada por una universidad pública, también tiene la catalogación de documento oficial. No en vano, la Fiscalía ya está estudiando la denuncia presentada por asociaciones de estudiantes, en busca de acciones delictivas, y la propia Universidad Rey Juan Carlos vio delito en la falsificación del acta.
