El culebrón con el edificio de El Progreso sigue subiendo de tono. No solo con las acusaciones entre el Consell y el Ayuntamiento por la resolución de proteger el inmueble centenario de la plaza de la Constitución han encendido la polémica con lo ocurrido con la antigua sala de venta de agua. También la propiedad ha tomado cartas en el asunto y mantiene que la resolución de la Generalitat incurre, según dice de manera literal, en irregularidades.
Los dueños de El Progreso ya han recurrido, con fecha de 13 abril, contra la resolución dictada por la Dirección Territorial de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deportes de la Generalitat que acordó la suspensión de licencias concedidas al inmueble. También han recurrido el requerimiento que hizo la Administración autonómica para que proceda a proteger la fachada de la edificación, y en la que se requiere realizar catas y que modifiquen los permisos concedidos. Es el primer paso que han dado los propietarios del inmueble, tras ver paralizado el derribo del edificio in extremis en enero. A ello se sumarán después las indemnizaciones que puedan pedir a las administraciones por los perjuicios ocasionados tras haber obtenido luz verde para demoler su propiedad y construir un nuevo edificio.
Lo primero que reprochan al Consell es que no han recibido contestación a las primeras alegaciones que presentaron tras la suspensión cautelar del derribo, según aseguran. Algo que, según consideran, supone un «incumplimiento legal y generación de indefensión». Sin embargo, en su recurso van más allá y arremeten contra la resolución de la Administración autonómica por entender que hay una «desviación» en el artículo 10 de la Ley de Patrimonio Valenciano. Lo que los dueños recriminan es que el Consell no da argumentos para que respalden su decisión inicial de paralizar las licencias por los valores arquitectónicos del edificio. En este apartado, los propietarios también meten de por medio al Ayuntamiento, pero en un sentido favorable, como prácticamente hacen en todo el recurso. Recriminan que el Consell hace una «recomendación» al Consistorio para acometer una protección «que la propia Conselleria no se atreve a decidir». También cuestionan la fórmula empleada para suspender las licencias de forma indefinida. Directamente, alegan que es «ilegal». Se basan en que la ley no reconoce a ninguna Administración pública la facultad legal de suspender indefinidamente dos licencias, «si dicha suspensión no va acompañada de la impugnación judicial».
Sin embargo, los propietarios de El Progreso no se quedan ahí y cargan contra la exigencia del Consell de hacer catas arqueológicas ahora. En este sentido, los dueños del bloque centenario aseguran que pidieron la licencia de obras en 2007 y la de demolición en 2011 y es ahora cuando el Ayuntamiento de Elche está tramitando la modificación puntual de un artículo del Plan General de Ordenación Urbana que viene a exigir excavaciones arqueológicas dentro de ese ámbito.
Con esos argumentos, los propietarios de El Progreso han cargado de momento únicamente contra la Administración autonómica al entender que es la Generalitat la responsable de la parálisis. Por su parte, el Gobierno valenciano ha puesto en el tejado del Ayuntamiento las posibles responsabilidades. Sobre todo después del último informe demoledor con el que acusa al Ayuntamiento de saltarse la ley en la protección de El Progreso y al autorizar el derribo. Algo que ha motivado ahora que la Concejalía de Urbanismo amague con llevar a los tribunales al gobierno valenciano al defender que la concesión de las licencias fue legal.
