16 de abril de 2018
16.04.2018

Mollà aprovecha la pugna en el PSOE para pedir a la agrupación socialista que se posicione en el Mercado

Compromís reclama que se pronuncien sobre el documento municipal que alerta del riesgo del aparcamiento subterráneo para el Misteri como Patrimonio y exige una rescisión del contrato

18.04.2018 | 02:46
Mollà aprovecha la pugna en el PSOE para pedir a la agrupación socialista que se posicione en el Mercado

Tanto el alcalde como sus ediles guardan silencio sobre el informe.

Ya no les vale lo que pueda decir el alcalde, Carlos González, o los concejales del PSOE que integran la Corporación municipal sobre el Mercado Central. En plena polémica por el nuevo informe municipal que ha salido a la luz y que ha alertado de la incompatibilidad del Mercado con el Misteri como Patrimonio de la Humanidad, Compromís ha pedido incluso a la agrupación socialista que se pronuncie. En plena guerra interna en las filas del PSOE y más cuando está a la vuelta de la esquina la asamblea en la que se elegirá entre Alejandro Soler y Ana Arabid para que se hagan cargo de la secretaría general, Mireia Mollà aprovechó la situación ayer para meter el dedo en la llaga y para reclamar una opinión de los socialistas como formación política, más allá del Ayuntamiento.

Y es que a lo largo de este mandato ha sido público y notorio que determinados y destacados militantes socialistas no han estado de acuerdo con la idea de la ejecutiva, que ha pasado por seguir para delante con el proyecto del Mercado Central que adjudicó el PP, alegando que el contrato está legalmente atado. Si bien también es cierto que dentro del PSOE, el propio Alejandro Soler, cuando estaba al frente del Ayuntamiento, estuvo de lado de la construcción de un inmueble de abastos provisto de un aparcamiento con 413 plazas.

Ayer, tres días después de que los socialistas entregaran a sus socios de Gobierno el informe municipal elaborado a petición del Icomos (Comité del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), que funciona como órgano asesor de la Unesco, los de Mireia Mollà fueron contundentes. Más allá de lanzar el dardo al PSOE para que se posicione, pidieron la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria.

Argumentaron, en una comparecencia de más de cincuenta minutos, que existen criterios objetivos para tomar esa postura ante el riesgo de perder la declaración de Patrimonio de la Humanidad, del que alerta el informe elaborado por el área de Patrimonio del Consistorio ilicitano. Es más, apuntó directamente a la necesidad de tomar decisiones valientes y a la importancia del refugio de la Guerra Civil, después de que el Consell pidiera proteger el patrimonio de la contienda como Bien de Relevancia Local. Tampoco escondieron su ya enésimo cabreo con los socialistas, a los que le recriminaron de nuevo la «opacidad» por, según dijo Mollà, haber ocultado un informe que llevaba redactado dos meses, cuando los de Compromís preguntaron a sus principales socios. Ahora, en plena vorágine por el informe municipal, la pelota ha quedado en el tejado del PSOE, que ayer optó por guardar silencio y esperar a analizar la posición del resto de partidos.

De cualquier manera, el PP también salió ayer a escena y no ocultó su enfado monumental. El portavoz adjunto de los populares, Vicente Granero, calificó el documento de «politizado» y «parcial». Apuntó a la existencia de irregularidades en el informe y puso en duda que el tráfico que generará el aparcamiento subterráneo vaya a afectar negativamente al Misteri o a la Casa de La Festa, al alegar que cuando estaba en funcionamiento el Mercado Central también había tráfico. No solo a ese argumento acudió el PP para desacreditar el informe, sino que también aludió a que anteriores informes técnicos apuntaban a una saturación de vehículos en la calle Alfonso XII, donde ahora un informe ha fijado en esa vía la principal alternativa para desviar el tráfico con la peatonalización de la Corredora.

Pese al rechazo a ese informe del área de Patrimonio, los populares llegaron a desafiar al PSOE y a Compromís, y les instó a rescindir el contrato si están convencidos de que dañará al Patrimonio de la Humanidad y a asumir responsabilidades. Ahora, los populares están dispuestos a abrir su propia investigación para detectar si hay irregularidades.

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