Un rapero condenado a prisión por letras en las que criticaba a la monarquía, un libro, Fariña, secuestrado por las autoridades, una publicación satírica condenada a indemnizar a Ortega Cano por una viñeta en un cartel publicitario...Son tan solo algunos ejemplos de los ataques a la libertad de expresión que se han producido en los últimos meses, y que sirvieron ayer como hilo conductor en el Congreso por la Libertad de Expresión que acogió ayer el Centro de Congresos de Elche, y que reunió a grandes nombres relacionados con la comunicación, la cultura a incluso la Justicia, para analizar la merma que ha sufrido España en lo que respecta a este derecho, tal y como se recogió en el informe elaborado el año pasado por Amnistía Internacional, una entidad que lucha a nivel internacional por la defensa de los Derechos Humanos.

El portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, lo tiene claro: «Estamos en el peor momento desde los años 80. Entonces, se podían contar chistes sobre Carrero Blanco y ser una gran estrella de la televisión, y hoy esos mismos chistes te llevan a la cárcel, así que la merma en el derecho de la libertad de expresión es evidente». Bosch puso el cierre a un congreso que contó con varios nombres que han sufrido en sus propias carnes los intentos de censura e incluso condenas por parte de los tribunales en el ejercicio de esa libertad de expresión.

Un derecho cuyo único límite debería ser «las amenazas, y la incitación, pero real, a actos terroristas y de odio», añadió el portavoz de juezas y jueces. No obstante, el ejemplo de la revista Mongolia, una de las últimas publicaciones en sufrir una condena por un cartel que realizaron sobre el musical que lleva el mismo nombre que la revista, y donde aparecía el torero Ortega Cano con el cuerpo de un alien. Una ilustración por la que ha sido condenada al pago de 40.000 euros al torero, «y que pone en peligro la viabilidad de la revista», aseguró ayer Pere Rusiñol, periodista de la publicación satírica.

Exponentes

Y es que el periodismo, pese a que debería ser uno de los exponentes de esa libertad de expresión, también está «amenazado», como apuntaron varios profesionales. Y por diferentes motivos. Desde políticos que amenazan con demandas por revelar informaciones que les afectan directamente, hasta otras formas más sutiles, como la publicidad que condiciona el contenido, y muchas veces se utiliza para frenar publicaciones, tal y como puso sobre la mesa otros profesionales, como Magda Bandera, directora La Marea, que reivindicó un periodismo libre y con aportaciones de los lectores, para garantizar esa independencia económica y no depender al 100% de los anunciantes. La mesa de periodistas se completó con Laura Ballester, redactora de Levante-EMV, quien defendió el trabajo de los profesionales a nivel individual y su implicación en esa defensa de la libertad de expresión; además de Diego Miralles, video reportero de guerra, quien dio una visión de la auténtica represión de este derecho fundamental, que en mitad de conflictos bélicos es, en muchas ocasiones, inexistente.

El congreso reunió también a representantes de la cultura, que también han sufrido en los últimos años las consecuencias de ese retroceso en la libertad de expresión. Antonia Ávalos, de la procesión del «Coño insumiso», contó cómo las organizadoras se enfrentaron a la apertura del juicio oral porque, a criterio de la jueza que instruye el caso «constituye un escarnio al dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María».

Por su parte, Roberto Torres, profesor de la Universidad Complutense y autor de «La censura bibliográfica y discográfica en el franquismo», dio una perspectiva de cómo ha evolucionado el derecho a la libertad de expresión desde la dictadura franquista hasta la actualidad, estableciendo algún paralelismo con casos de actualidad. Casos que conocen muy bien Pepo Márquez, músico y colaborador de revistas como Rolling Stone, o artistas locales como Alfonso Copé o Hakuna Tanaka, artista de hip hop ilicitano. Todos coincidieron en la necesidad de reivindicar y conservar un «derecho que es fundamental para la Democracia».