La Ciudad de la Justicia de Elche, cuando termine de pagarse definitivamente, nada menos que en el año 2020, habrá supuesto un desembolso cercano a los 40 millones de euros, un 22% más de lo inicialmente presupuestado, pero no por la ejecución en sí, sino por los intereses. Así lo ha desvelado, durante una intervención en Cortes, la diputada autonómica del Grupo Parlamentario Socialista Rosa Peris Cervera, quien ha concretado, adjuntando documentación, que la sede judicial, que entró en funcionamiento a mediados de 2010, contaba con un presupuesto de 32 millones de euros, pero que, finalmente, va a suponer un desembolso para el Consell, cuando termine de pagarse el correspondiente crédito, de 39,5 millones. En suma, cerca de 6 millones de euros en intereses, todo un sobrecoste a juicio de los socialistas, que consideran que esto se debe a que se aceptaron intereses cercanos al 29%, todo ello dentro del contexto de infraestructuras judiciales impulsadas durante el mandato del presidente popular Francisco Camps.
La diputada socialista se echa las manos a la cabeza por la utilización que se hizo entonces del pago aplazado y sus «condiciones leoninas» que el anterior conseller aceptó. «Dilapidaron el dinero con estos créditos», añadía en declaraciones a este medio.
Esta cuestión sobre las instalaciones judiciales de Elche salió dentro del debate que mantuvo recientemente en las Cortes Valencianas con la diputada popular María José Ferrer San-Segundo sobre construcción de infraestructuras judiciales. Esta última, por su parte, lamentaba que el actual Consell tuviera previstas nuevas infraestructuras judiciales como muy pronto para finales del año 2019 y sobre todo para los años 2020 a 2022 y siguientes, es decir, muy tarde en su opinión.
Licitación y adjudicación
El importe de licitación de la sede ilicitana fue de 33.841.850 euros, pero se adjudicó, en diciembre de 2007, por 32.347.914 euros. No obstante, a esto cabe sumar que los intereses entre 2011 y 2020 ascenderán a 6.803.992 euros, según siempre la documentación oficial aportada.
Para este ejercicio 2018 el Consell tiene previsto pagar 608.788 euros en intereses; en 2019, 752.421 euros; y, finalmente, en 2020, 930.199 euros.
La Ciudad de la Justicia de Elche cumplirá el próximo mes de mayo diez años desde que comenzó a construirse y, desde un principio, desató las quejas de grupos de trabajadores por las condiciones en que el edificio entró en servicio. La Junta de Personal de Funcionarios de Justicia de la Provincia de Alicante denunció en septiembre de 2010 que, tres meses después de su puesta en marcha, acumulaba distintas deficiencias: «Múltiples puertas y ventanas desencajadas hasta el punto de no poder ser utilizadas», y ordenadores «obsoletos e inadecuados con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos que deben soportar largas colas», entre otras muchas denuncias entonces.
Pero, además, esos problemas en infraestructuras han continuado en estos últimos años. Tal y como asegura la propia consellera de Justicia, Gabriela Bravo, las deficiencias en la Ciudad de la Justicia de Elche han sido «múltiples», y ponía como ejemplo el hundimiento del techo del salón de actos y otra serie de problemas con goteras e inundaciones que ya han sido solucionados, según la propia titular.
Histórico colapso
Pero es que, además, a pesar de sus instalaciones, las segundas más grandes de la Comunidad, la de Elche es conocida por su histórico colapso, su falta de medios humanos sobre todo para atender todos los asuntos. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial ha constatado que Elche cuenta con distintos organismos judiciales que se encuentran entre los más saturados del país.
Los problemas en el Registro Civil también han marcado a esta sede judicial. En cualquier caso, en el pasado más reciente se ha logrado incrementar el número de expedientes tramitados, de manera que se ha pasado de 400 expedientes que tramitaba el Registro Civil a los 800 expedientes en el año 2016, según fuentes de Conselleria, desde donde se asegura también que «el tiempo medio de tramitación de un expediente matrimonial era de ocho meses y se podía alargar la celebración del matrimonio hasta dos años En estos momentos, tras la adopción de las medidas de refuerzo es posible obtener cita en un plazo de quince días, mientras que el plazo de tramitación del expediente es de unos dos meses».
