El aumento de los controles policiales en el centro de Elche contra el ruido de los locales se ha saldado con otra plataforma en contra del Ayuntamiento. Hosteleros se han aliado en un nuevo frente común, alegan, para defenderse de las restricciones impuestas por el tripartito para frenar las molestias a los vecinos y la consiguiente presión policial que sufren los establecimientos del centro. Incluso hablan de «persecución».

Constituidos en una agrupación, llamada Asociación de Ocio Responsable de Elche, desde hace unas semanas, se han unido una veintena de establecimientos de todo tipo, como cafeterías, restaurantes, bares, locales de copas y pubs. De este modo, el colectivo ha empezado a movilizarse y también van a recoger firmas entre sus clientes, con el objetivo de recabar apoyos.

«Nos encontramos en una situación que no podemos aguantar. Estamos sometidos a un acoso y presión que nos está llevando al límite», lamentan desde la asociación ante los controles que cada fin de semana viene realizando la Policía Local.

Y es que, desde octubre, el Ayuntamiento ha optado por redoblar la vigilancia con la intención de reducir el exceso de ruido en las calles con mayor concentración de locales. Se trata, sobre todo, de las vías donde recientemente una sentencia ha puesto sobre la mesa la saturación acústica. Aunque el Consistorio ilicitano recurrió el fallo del juez que pedía declarar una parte del centro como Zona acústicamente saturada (ZAS) e impulsar medidas para reducir los niveles sonoros, el tripartito sí que decidió intensificar la vigilancia con patrullas específicamente dedicadas a denunciar el ruido en terrazas y locales. Concretamente, en las calles donde el juzgado pidió medidas son Maestro Albéniz, San Vicente, San Agatángelo, San Francisco Javier, Puerta de Alicante y Passeig de les Eres de Santa Llúcia.

El control de los horarios de recogida de las mesas y sillas en la vía pública es una de las tareas en las que ha puesto el foco el Ayuntamiento, además de prohibir el consumo de alcohol en la calle, como, por ejemplo, a las puertas de los locales. También se ha puesto firme en comprobar que todos los equipos de música estén conectados con limitadores del sonido a tiempo real con la Concejalía de Aperturas.

Sin embargo, desde la nueva asociación de hosteleros critican que las imposiciones van mucho más allá y lamentan las numerosas actas que levanta la Policía Local y las sanciones que ello conlleva. «Por levantar la persiana de mi local, tras cerrar a las cuatro de la mañana, para tirar la basura o por que haya colillas en la calle, donde no está ni siquiera mi fachada, nos han levantado actas», apuntan desde el colectivo. Coinciden, asimismo, en estar sufriendo una «presión como nunca» y lo que vaticinan es una pérdida de ingresos, unido al cierre de los locales. En este sentido, admiten estar a favor de un ocio responsable en la ciudad, para evitar también una fuga de clientes a otras localidades más cercanas como Alicante o Murcia.

Frente a todo ello, desde la Concejalía de Aperturas negaron haber ordenado una presión policial mayor contra los negocios, pero sí que reconocieron que la vigilancia se ha reforzado tras la sentencia judicial y ante las quejas de vecinos que llegan hasta el Ayuntamiento por el ruido y las molestias generadas por el ocio nocturno en la calle. «Lo que se está controlando es que los locales cumplan con los horarios de cierre, con los permisos de mesas y sillas, y también se vigila el consumo de alcohol en la calle », alega el edil del área, Carlos Sánchez, quien descarta que el Ayuntamiento se esté extralimitando, y quien también defiende la labor de la Policía Local. En esta línea, apunta que «los que tengan todo en regla no han de preocuparse».

Por otro lado, donde también ha puesto la lupa el Ayuntamiento en las últimas semanas es en los locales y terrazas que incumplen la Ley Antitabaco. El sector de la hostelería ha recibido notificaciones de la Policía Local para recordar la prohibición de fumar no solo en los interiores, sino también en determinadas terrazas, donde el Ayuntamiento ha detectado, precisamente, un incremento de las quejas, lo que se ha traducido en sanciones. Treinta euros es lo que han de pagar los fumadores que incumplan con la ley y desde 600 hasta 10.000 euros los locales. La normativa permite fumar en terrazas no cubiertas o tapadas pero no en su totalidad. Los espacios no pueden estar cerrados por más de dos laterales (pared, muro o paramento).