La llegada de agua regular del Trasvase Júcar-Vinalopó a Elche podría ser un hecho en tan sólo un mes, en el momento en el que se firme el convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Junta Central de Usuarios y Acuamed para asegurar el año hidrológico con recursos del Trasvase Júcar-Vinalopó. Así lo exponía Ángel Urbina, presidente de la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) San Enrique, a los cerca de cien regantes que acudieron ayer a la Asamblea ordinaria de la Junta Central de Usuarios, una reunión en la que votaron por unanimidad a favor de este plan. Urbina señaló que en 2018 la SAT San Enrique no tendrá restricciones de agua ya que este convenio, que empezó a negociarse con el Ministerio el 2 de diciembre de 2015, garantizaría la llegada de agua procedente del Júcar a sus embalses, pero en lugar de hacerlo mediante riegos de socorro como se ha estado haciendo desde 2012, será mediante un uso de agua concesional.

Este convenio estipula un primer período de prueba en el que recibirán aportes durante tres años consecutivos, con una prórroga por dos años más, y si el plan se implementa correctamente se instalará de manera definitiva. La finalidad es que lleguen en torno a 1,5 hectómetros cúbicos al año a la sociedad ilicitana de un total de 80 hectómetros repartidos a las distintas sociedades. Esta cantidad ayudaría a mantener los cultivos de 500 hectáreas ubicadas en la zona del norte de Elche como Peña de las Águilas o Aspe, donde la SAT San Enrique está inscrita en la Confederación Hidrográfica del Júcar. Sobre el riego localizado, Ángel Urbina señaló que hasta que no se firme el convenio no iniciarían las obras de la última fase del embalse de José Ramón García, un proyecto que tiene por objeto modernizar los regadíos mediante un sistema de tuberías para suministrar a los usuarios, que tendrían el control con un contador de agua.

Con este convenio se busca limitar las explotaciones de acuíferos que se ven afectados, por lo que se regularán los precios de extracción del agua, de manera que los usuarios pagarían unos 20 céntimos por metro cúbico mientras que para abastecimiento se pasarían de 12 céntimos a 50. Según Andrés Martínez, presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L'Alacantí y Consorcio de Aguas de La Marina Baixa, «los primeros hectómetros cúbicos llegarán prioritariamente donde hay masas de agua más castigadas, como es el acuífero de la Sierra de Crevillent donde se realizan extracciones a 500 metros de profundidad, lo que conllva una mala conductividad», explicó.