La propiedad del edificio de Nuevos Riegos El Progreso sigue adelante con sus planes de tirar abajo el edificio, pese a la resolución del Consell que pide ahora proteger la fachada, y que, según los dueños, no la han recibido. Tanto es así que han reclamado ya hasta el corte de la plaza de la Constitución para esta semana y para la próxima, con el objetivo de continuar con una demolición que comenzaron hace dos meses y que tuvieron que detener casi en la recta final.
Después de haber remitido un escrito al tripartito para reanudar la licencia de derribo a través de la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano (Omac), ahora han pedido a la Policía Local permiso para cerrar al tráfico la calle durante seis días. Algo por lo que no han tenido contestación alguna por parte del Ayuntamiento, por lo menos hasta ayer. Y es que, por no recibir no han recibido, según aseguran, ni el dictamen de la Generalitat Valenciana que el lunes llegó al Ayuntamiento y que decreta la paralización de las tareas de demolición.
Entienden, ante ello, que se ha producido un silencio administrativo y que el plazo para resolver, por parte de la Administración autonómica, se ha extinguido, porque no han sido notificados como parte afectada. De hecho, ni siquiera el Consistorio ilicitano ha trasladado a los dueños la buena nueva del Gobierno valenciano al alegar que el que ha emitido la orden es el Consell y no ellos.
Desde el lunes, justo cuando se cumplían dos meses de la suspensión cautelar del derribo, el revuelo con El Progreso va cogiendo fuerza por días. Por un lado, el Ayuntamiento continúa sin clarificar qué consecuencias tendrá la resolución del Consell. De hecho, se ha dado ahora dos meses de plazo como límite para determinar qué hacer, en función de lo que digan los informes técnicos y jurídicos, con los que se evaluará el alcance de lo dicho por la Dirección Territorial de Cultura. Por otro lado, a ello se suma la predisposición de los propietarios a continuar con el derribo del inmueble, para levantar un nuevo edificio dedicado a oficinas o viviendas.
La pelota vuelve a estar de nuevo en el tejado del tripartito, que tendrá que responder ante la jugada de los dueños de El Progreso, quienes ya advirtieron que reclamarían indemnizaciones por la inseguridad jurídica creada al disponer de todos los permisos para el derribo, posteriormente paralizado. La notificación del lunes, que exige al Ayuntamiento la conservación de la fachada sin retranqueo y apunta a que las catas arqueológicas serán las que marquen la viabilidad de la actuación en la sala de venta de agua, abre ahora un nuevo compás de espera para averiguar qué ocurrirá con el inmueble centenario.
