Silencio administrativo. Eso es lo que interpretan los propietarios del inmueble de El Progreso al no haber recibido notificación alguna para conservar ahora la fachada del edificio centenario de la plaza de la Constitución. De ahí que ayer registraran a través de la Oficina Municipal de Atención al Consumidor (Omac) un escrito para continuar con sus planes de tirar abajo la antigua sala de venta de agua. Y todo ello un día después de que el Ayuntamiento recibiera las órdenes del Consell para proteger el frontal del inmueble.
La propiedad alega que el plazo de la suspensión cautelar del derribo, dictada por el Gobierno valenciano, ha vencido sin haber obtenido comunicación alguna, como parte implicada en todo el proceso, por lo que la suspensión cautelar de la demolición debería levantarse. De este modo, en la mañana de ayer presentaron por registro una petición dirigida al Ayuntamiento para reanudar la licencia de derribo y, a lo largo del día de hoy, salvo imprevistos, pedirán a la Policía Local permiso para cortar la plaza de la Constitución.
Y es que, aunque la Conselleria de Cultura sí que notificó el lunes al equipo de gobierno la necesidad de conservar la fachada, los dueños aseguran que ni la Administración autonómica ni la local les han trasladado resolución alguna y ya han pasado los dos meses que marca la ley para resolver y comunicar a los afectados.
Ahora, todo está en el tejado del tripartito, tras la resolución que ayer recibió de manera oficial por parte de la directora territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, firmada con fecha del pasado viernes. Una notificación en la que se exige al Ayuntamiento la conservación de la fachada sin retranqueo y apunta a que las catas arqueológicas serán las que marquen la viabilidad en la sala. Sin embargo, las repercusiones que tendrán las nuevas exigencias del Consell siguen sin estar del todo claras y el tripartito asegura que continúa trabajando en informes técnicos y jurídicos para evaluar el alcance de la resolución.
De hecho, ahora se abre otro tiempo de espera. Dos meses es el plazo que tiene el Ayuntamiento para decidir qué hacer. Así lo señaló ayer el concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez, quien, además, defendió que es la Generalitat la entidad competente para comunicar a los afectados la decisión de conservar ahora la fachada. Poco más señaló el edil del área al respecto, pese a ese reproche lanzado desde la Administración autonómica a Urbanismo por no haberle notificado la licencia de demolición. Sin querer entrar en la polémica abierta con el edificio, José Manuel Sánchez, al igual que ya lo hiciera el lunes el alcalde, Carlos González, salió en defensa de las gestiones municipales respecto a El Progreso. Y volvió a reafirmarse en lo que en los dos últimos meses lleva sosteniendo. «Las licencias son actos reglados y se aprueban en junta de gobierno», repitió Sánchez.
Críticas del PP
De «atropello» por parte de la Conselleria calificó ayer el PP el panorama de la antigua sala de venta de agua. El portavoz adjunto del grupo municipal popular, Vicente Granero, cargó contra el Gobierno valenciano por su resolución, y también por las diferencias entre Compromís y PSOE. Asimismo, denunció la «pasividad» del tripartito al consentir las exigencias del Consell y al no haber recurrido desde el primer momento la suspensión cautelar del derribo. Además de pedir explicaciones públicas, los populares reclamaron al equipo de gobierno que recurran ahora la resolución autonómica, que pasa por hacer catas arqueológicas.
Criticaron la «inseguridad jurídica» creada ahora y alertaron de las indemnizaciones que exigirán los propietarios.
