El Ayuntamiento debe proceder a tomar las medidas oportunas para proteger y conservar la fachada de la sala de venta de agua de Nuevos Riegos El Progreso en su alineación actual. Y lo debe hacer porque en ese sentido apuntan los informes técnicos y jurídicos del Consell, y por «el interés patrimonial que de suyo incorpora el inmueble cuya demolición se pretende». En estos términos casi calcados se pronuncia la resolución firmada por la directora territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y con fecha del pasado viernes. De hecho, en el dictamen del Consell, se mantiene, aunque ahora sine die, la suspensión cautelar de las licencias que en su día concedió el Ayuntamiento y, por consiguiente, se decreta la paralización de las obras de demolición que comenzaron tras las fiestas navideñas, para acabar paradas sólo un par de días después. El dictamen, en cualquier caso, y entre otras cuestiones, no acaba de dejar claro qué alcance puede tener esa conservación. Por eso precisamente el alcalde, Carlos González, anunció que se han pedido informes técnicos y jurídicos para conocer la aplicación de la resolución.
En concreto, el Consell requiere al Ayuntamiento medidas de protección y conservación de la fachada de la sala de venta de agua que da a la plaza de la Constitución «en su alineación actual». Sin embargo, a renglón seguido, se hace alusión a «la parte de la sala de venta de agua hasta la alineación establecida en el Plan General Vigente». Al respecto, un informe de los servicios jurídicos de la Dirección General de Cultura y Patrimonio fechado el pasado 8 de marzo, al que se hace alusión en esta última resolución, emitida sólo un día después, lo que se defiende es que la finalidad es la de «conjugar el interés patrimonial del edificio actual y la normativa vigente del Plan General de Elx, para la parcela donde se encuentra, así como los derechos de los particulares afectados, que en el interín, y hasta que no se actualice el catálogo del municipio, se hallan en situación de pendencia e incertidumbre». Es más, en el documento se subraya que la parte del inmueble que da a la plaza de la Constitución no goza de protección específica por considerar que se encuentra «fuera de ordenación por alineaciones». Dicho esto, se añade que, al estar incluido en el núcleo histórico tradicional, sería, por «ministerio directo de la ley», Bien de Relevancia Local.
Ése es uno de los puntos que más confusión parece ser que ha generado, aunque, a día de hoy, la interpretación predominante en determinados círculos es que eso supondría que la protección como tal sólo afectaría al exterior del ya polémico inmueble del centro.
En este sentido, lo cierto es que en ese documento también se requiere a los promotores del proyecto para que hagan catas arqueológicas en el edificio, ya que, según se sostiene, «resultan de precepto para los ámbitos de presunción arqueológica». Tanto es así que la Dirección Territorial deja claro que los resultados que puedan derivarse de esa intervención determinarán la viabilidad patrimonial de la actuación, así como las condiciones de salvaguarda del patrimonio arqueológico, en caso de que lo haya.
Más allá de los requerimientos, en la resolución también se alude a las conclusiones del informe de los servicios jurídicos de la Dirección General de Cultura y Patrimonio. Es en este punto en el que casi se viene a reprochar al Ayuntamiento que se haya saltado algunos trámites en este proceso. Sin ir más lejos, y de entrada, lo que se destaca es que, al tratarse de una licencia de derribo de un inmueble situado en un núcleo histórico tradicional, hubiera necesitado de la previa comunicación al Consell de forma simultánea a la notificación a los promotores. Y todo ello a pesar de que uno de los argumentos en los que se escudó el concejal José Manuel Sánchez para mostrar públicamente su cabreo con València era que el Consell conocía desde el mes de diciembre que la demolición había sido autorizada, porque fue una de las cuestiones que se abordó en la Mesa de Patrimonio.
Por otro lado, desde la Administración autonómica reprochan que el Ayuntamiento, al tratarse de un área de presunción arqueológica, tenía que haber condicionado la licencia de demolición y el proyecto del nuevo edificio al resultado de las catas arqueológicas.
