Muy prudente y escueto fue ayer el alcalde de Elche, Carlos González, a la hora de valorar el alcance que tendrá el nuevo dictamen del Consell sobre El Progreso para las arcas municipales y para los propietarios del inmueble. Lo que no dudó en defender fue la gestión impulsada por el equipo de gobierno para abordar el conflicto con la antigua sala de venta de agua. Alegó que las actuaciones municipales practicadas hasta ahora han sido «las correctas desde el punto de vista técnico y jurídico». Asimismo, pese a la recriminación que hace la Administración autonómica al Ayuntamiento en cuanto a la falta de comunicación de las licencias de demolición y la consiguiente descoordinación entre las dos administraciones que tanto se ha criticado desde la oposición, el alcalde también quiso escenificar ayer todo lo contrario. Frente a todo ello, González apuntó ayer a que la relación entre la Conselleria y el Ayuntamiento es «magnífica», y no quiso entrar en el cruce de reproches entre su equipo de gobierno y la Conselleria de Cultura .
Ciudadanos, por su parte, no tardó ayer en reaccionar y cargar contra el PSOE y Compromís al entender que se trata de una «lucha política» de ambos partidos no solo en el Ayuntamiento, sino en la Generalitat Valenciana.
El portavoz de la formación naranja, David Caballero, advirtió que todo apunta a una situación de estancamiento similar a del Mercado Central y la del hotel de Arenales. También alertó del coste que podría tener la decisión del Gobierno valenciano para los ilicitanos, después de que el tripartito haya decidido asumir de forma subsidiaria el cambio del apuntalamiento en el inmueble centenario para restablecer el tráfico en la plaza de la Constitución, lo que ha supuesto, por el momento, un gasto de 35.000 euros.
