La lucha contra el fraude fiscal impulsada por el Gobierno central ha destapado en el término municipal de Elche casi 10.200 construcciones ilegales, lo que se traduce en tres millones de euros sin declarar. El Catastro ha culminado así el proceso de regularización iniciado en todo el país para detectar edificaciones sin registrar y que, por tanto, no tributan al Ayuntamiento.
De este modo, tras un barrido iniciado el pasado mes de febrero y completado en octubre con fotografías aéreas, han salido a la luz 10.186 irregularidades urbanísticas, lo que supondría incrementar el padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en tres millones de euros para este ejercicio. Sin embargo, según la concejal de Hacienda, Ana Arabid, desde el Ayuntamiento estiman que la cantidad extra que percibirán en 2018 las arcas municipales por la operación del Ministerio será de alrededor de los dos millones de euros, debido a los impagos.
De hecho, así lo refleja el presupuesto municipal, con una previsión de ingresos por el IBI de 57,4 millones de euros, cuando el pasado año la recaudación fue de 55,3 millones.
Piscinas, cerramientos de fachadas, barbacoas, casetas, garajes... Todo ello sin constar para Hacienda. Eso es lo que se han encontrado al peinar el término municipal ilicitano y, generalmente, en la zona del Camp d'Elx. Las áreas rurales son las que, como en el resto de la provincia, más casos han registrado. En este sentido, debido al gran número de pedanías que tiene el término de Elche, la cifra de irregularidades urbanísticas ha sido mayor que en Alicante, donde han aflorado 7.181 construcciones ilegales.
Las ampliaciones y rehabilitaciones, así como las reformas y cambios de uso son los principales motivos que han hecho saltar las alarmas en el territorio alicantino, según los datos facilitados por la Dirección General del Catastro. Todo este cúmulo de inmuebles que hasta ahora han permanecido desapercibidos a la hora de pagar impuestos se traducirá en un incremento medio del recibo del padrón del IBI de alrededor de un 2,6% en toda la provincia.
No obstante, aquellos que lo tengan todo declarado no tendrán por qué preocuparse. Pero los que sí que faltaron a la obligación de dar de alta sus construcciones habrán recibido ya una carta de la Dirección General del Catastro. En ese requerimiento, el organismo ha exigido a los contribuyentes el pago de una tasa de 60 euros y por las alteraciones detectadas. Eso significa que este ejercicio verán encarecer el recibo del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) al incluir el valor de las construcciones legalizadas.
Al final, el objetivo de esta revisión catastral es que no haya un agravio comparativo con los que sí lo tienen todo declarado, tal y como ya explicó la concejal de Hacienda.
Ahora, esa lógica repercusión de la regularización catastral en las arcas municipales a través del IBI va a servir de colchón al Ayuntamiento para amortiguar la disminución de ingresos por la rebaja del impuesto de vehículos de un 7%, lo que supondrá un descenso de alrededor de 800.000 euros en la recaudación.
También servirá para capear el descenso de ingresos por las plusvalías, ya que este tributo ha dejado de cobrarse si no hay ganancia patrimonial. A ello se suma que la liquidación está lejos de la época de la burbuja inmobiliaria, pese a que el Ayuntamiento ya ha conseguido poner al cobro más recibos que en 2008.
Actualización negativa
Otra cosa es lo que podría traer consigo una revisión del valor catastral también impulsada por el Gobierno central. Esta operación no se realiza desde el año 2000 en Elche y sí se traduciría en una subida de impuestos en general. Si se actualizara este valor subirían tributos como el IBI, el IRPF y el Impuesto de Patrimonio.
Sin embargo, desde el Ayuntamiento Ana Arabid argumentó que, pese al interés por parte del Ministerio de Hacienda en llevar a cabo esta revisión, el equipo de gobierno ha decido rechazarla para evitar una repercusión negativa en el bolsillo de los ilicitanos.
