La decana de la Ciudad de la Justicia de Elche, María José Boix, ha reivindicado la creación de un nuevo juzgado de lo Penal en Elche y otra sección de la Audiencia Provincial para desatacar ambos organismos judiciales. Así se lo ha trasladado a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, quien ha visitado esta mañana los juzgados para inaugurar el nuevo modelo de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, que desde principios de este mes cuenta con una psicóloga y una trabajadora social para dar un servicio integral a las víctimas, sobre todo en violencia de género, que representan a un 80% de los casos atendidos.

La consellera ha asegurado que se mantendrán los refuerzos de personal del Registro Civil de Elche, que ha conseguido acabar con el lastre en cuanto a demoras, y, por ejemplo en bodas, ya es posible obtener cita en apenas una semana y resolver el expediente matrimonial en menos de dos meses y medio. Al menos hasta que la puesta en marcha de los dos nuevos juzgados de Primera Instancia, el 7 y 8, y que se prevé que entren en funcionamiento el próximo 31 de marzo, descargue el volumen de trabajo de los organismos civiles.

Boix ha manifestado que otro de los retos de la Ciudad de la Justicia de Elche pasa por instaurar el sistema de mediación en los casos penales. Para ello, se necesita que se apruebe el anteproyecto de ley en el que "se está trabajando", ha señalado la consellera, y para el que se dotará este año de 200.000 euros para pagar a los mediadores -el servicio es gratuito para la ciudadanía-. Una cifra que se aumentará hasta los 800.000 euros el próximo año, según han señalado desde la Conselleria.

Oficina de Atención a las Víctimas del Delito

La Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, que ofrece asistencia a todas las personas que hayan sufrido las consecuencias de una acción delictiva, ha incorporado hace tan solo unos días a una trabajadora social y a una psicóloga para ofrecer una atención multidisciplinar y que tengan un apoyo más allá del judicial. La medida, de hecho, responde a que siete de cada diez casos están relacionados con la violencia machista, y el objetivo es ofrecer una atención integral a las mujeres maltratadas.

Este tipo de oficinas, que en Elche se encuentra en la Ciudad de la Justicia, prestan asesoramiento jurídico desde antes incluso de interponer la denuncia. Su objetivo es ayudar a la víctima a saber si ha sido o no víctima de un delito, y también da información de cómo proceder judicialmente, y presta un apoyo que, en todas las ocasiones, «va mucho más allá del que ofrece un simple abogado. Se trata de ofrecer una asistencia mucho más humana. Quien sale de aquí no tiene la sensación de hablar con un abogado», cuenta la letrada que, hasta ahora, ha desempeñado el servicio en solitario en la Ciudad de la Justicia.

Mediación penal

Facilitar la resolución de conflictos judiciales menores en la vía penal, dando protagonismo a la víctima y evitando ir a juicio, lo que reduciría el tiempo de espera y descargaría de trabajo a los juzgados ilicitanos. Este es el objetivo tanto del Decanato de la Ciudad de la Justicia de Elche como del Colegio de Abogados de la ciudad, que se encuentran a la espera del visto bueno del Consejo General del Poder Judicial para implantar la mediación en los tribunales de la ciudad. El Colegio de Abogados ya ha formado a una treintena de mediadores en materia penal para que, en el momento en el que se obtenga la autorización, los jueces, y también los usuarios, puedan derivar sus procedimientos penales a esta vía, que tiene en el diálogo y en el entendimiento entre las dos partes su mayor ventaja.

La mediación, muy extendida en otros países como EE UU, sigue siendo una gran desconocida en España, tal y como señala la decana de los jueces en Elche, María José Boix. Con ella, se trata de que la persona que demanda y la que es demandada traten de llegar a un acuerdo en el que ambas partes queden satisfechas, sin tener que judicializar el conflicto. Un ejemplo de los casos en los que podría ser útil es en conflictos y denuncias vecinales, entre familiares -excluidos los casos de violencia de género, que en ningún caso pueden resolverse mediante la mediación- o cualquier otro delito menor en el que en un simple acuerdo entre las partes pueda encontrarse una solución.