Facilitar la resolución de conflictos judiciales menores en la vía penal, dando protagonismo a la víctima y evitando ir a juicio, lo que reduciría el tiempo de espera y descargaría de trabajo a los juzgados ilicitanos. Este es el objetivo tanto del Decanato de la Ciudad de la Justicia de Elche como del Colegio de Abogados de la ciudad, que se encuentran a la espera del visto bueno del Consejo General del Poder Judicial para implantar la mediación en los tribunales de la ciudad. El Colegio de Abogados ya ha formado a una treintena de mediadores en materia penal para que, en el momento en el que se obtenga la autorización, los jueces, y también los usuarios, puedan derivar sus procedimientos penales a esta vía, que tiene en el diálogo y en el entendimiento entre las dos partes su mayor ventaja.
La mediación, muy extendida en otros países como EE UU, sigue siendo una gran desconocida en España, tal y como señala la decana de los jueces en Elche, María José Boix. Con ella, se trata de que la persona que demanda y la que es demandada traten de llegar a un acuerdo en el que ambas partes queden satisfechas, sin tener que judicializar el conflicto. Un ejemplo de los casos en los que podría ser útil es en conflictos y denuncias vecinales, entre familiares -excluidos los casos de violencia de género, que en ningún caso pueden resolverse mediante la mediación- o cualquier otro delito menor en el que en un simple acuerdo entre las partes pueda encontrarse una solución.
El acuerdo alcanzado, en algunos casos, debe ser ratificado por un juez, y tiene la misma validez que una sentencia, por lo que la víctima puede reclamar por vía judicial en el caso de que no se cumplan los términos del pacto.
Debido a la novedad y al desconocimiento de la población de la mediación, desde los juzgados, una vez implantado, se contactará con las partes de los procesos que puedan someterse a estos sistemas, y se les citará, siempre que las partes así lo deseen, a una reunión informativa previa a iniciar esa mediación. Además, desde el Decanato recuerdan que, en caso de no llegar a acuerdos o que estos no satisfagan a ambas partes, el proceso judicial continúa, por lo que en ningún caso irá en contra de los intereses de las partes. Por otro lado, tanto la acusación como la defensa pueden acudir a la mediación con sus respectivos abogados, para así garantizar sus derechos.
Cualquier persona
En cuanto a la figura del mediador, según trasladaron desde el Decanato, puede ser cualquier persona, no necesariamente un abogado, sino que también puede ser psicólogo o cualquier otra persona interesada en mediar en los conflictos. Eso sí, debe contar con una formación específica aprobada y homologada por el Consejo General del Poder Judicial, además de una formación específica para la materia en la que vaya a mediar: Civil, Penal o Mercantil, por ejemplo.
El principal hándicap, al menos al principio, es que la ley establece que la mediación debe ser gratuita para las partes, por lo que desde la Ciudad de la Justicia de Elche trabajan ahora para que, una vez implantada, la Conselleria de Justicia ponga los recursos económicos necesarios para hacerlo viable económicamente para los mediadores, aunque al principio se prestará el servicio de forma gratuita.
Desde el Decanato concluyen que esta nueva forma de resolución de conflictos supone «un cambio en la forma de concebir la Justicia en la que el protagonismo recae en la víctima, en escuchar sus pretensiones y preferencias, y que estas se cumplan de forma más rápida, eficaz y satisfactoria para quien ha sufrido un delito».
