Raúl Díez Castillo, el abogado ilicitano acusado por una decena de clientes de estafa y apropiación indebida, continúa jugando al ratón y al gato con los tribunales. Ayer no acudió al juicio que tenía señalado en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, por el caso de una clienta que le acusa de quedarse con 5.600 euros por el pago de unas pruebas periciales y para la minuta del procurador, que nunca se contrataron. Es la segunda vez que se señala el juicio en menos de un mes, sin que acuda a sede judicial. Díez fue el abogado de la asociación del Defensor del Paciente en la provincia de Alicante, hasta que fue expulsado al comenzar las denuncias de los afectados en 2011. Díez es conocido además por presidir durante un tiempo el Alicante CF.

Sin embargo, no es un caso aislado. En mayo de 2017 la Policía lo detuvo tras tenderle una trampa dos de los supuestos clientes afectados, pues ya pesaba sobre él una orden de busca y captura por no presentarse a los juicios señalados. Tras su detención, se le dio la citación para el juicio en junio, al que tampoco se presentó. Entonces, su abogado lo excusó aludiendo a que estaba ingresado en el hospital La Arrixaca de Murcia, pero la magistrada rechazó la alegación debido a que no se había aportado ningún documento que acreditara la hospitalización del acusado y acordó la suspensión del juicio, así como una orden de arresto e ingreso en prisión de éste para garantizar su asistencia a la vista.

Y así hasta ahora, cuando la Audiencia Provincial de Alicante ha decretado una nueva orden. Los casos se cuentan por decenas, y los afectados hasta han creado una asociación para unir fuerzas contra el exabogado ilicitano. El Ilustre Colegio de Abogados de Elche lo expulsó por una sanción dque se dictó el 29 de julio de 2015 y que se hizo efectiva el 1 de febrero de 2016. De hecho, la medida llegó tras varias sanciones, según confirmó el decano del Colegio de Abogados, Vicente Pascual.

Al parecer, según las denuncias que pesan sobre él y las acusaciones del Ministerio Fiscal en varios casos, el modus operandi era siempre el mismo: los pacientes víctimas de presuntas negligencias médicas desembolsaban altas cantidades de dinero para el pago de peritos judiciales, minutas y demás procedimientos judiciales que, en la mayoría de ocasiones, ni tan siquiera se encargaban. Después, el exabogado huiría con el dinero, sin dar más señales de vida, por lo que se le imputan varios casos de apropiación indebida y estaba. De hecho, en el caso que estaba previsto que se juzgara ayer en la Audiencia Provincia se le reclaman 5.600 euros, así como una pena de un año de prisión por un delito de apropiación indebida, pero hay casos más graves. Otra de las estafas que se le imputan es que no pagó a las familias las cantidades cobradas, Así, en uno de los casos que se juzga en Alicante, se embolsó 114.000 euros de indemnización, de los que tan solo dio a los clientes la mitad, tras ganar el caso de negligencia.

Ahora solo queda esperar a que la Policía lo localice y lo detenga, para que se siente por fin ante el juez y para que los afectados puedan cobrar lo que se les debe.