Una parte importante de la labor del Juzgado de lo Contencioso es resolver los conflictos de los ciudadanos con las diferentes administraciones públicas. En este sentido, el organismo prevé que, tras el aluvión de denuncias de los últimos meses del personal interino de Sanidad al que no se le reconoce la antigüedad, ahora venga otro aluvión de peticiones de ejecución de sentencias, ya que el Consell no está acatando las resoluciones dictadas, según señalan desde la Ciudad de la Justicia de Elche.
Y es que una parte importante de la carga de trabajo del organismo pasa por la ejecución de sentencias, una vez emitido el fallo. Es decir, en controlar que lo dictaminado por el juez se hace efectivo. Y, aunque la mayoría de sentencias están relacionada con administraciones públicas, donde el cumplimiento de sentencias, por lo general, se realiza de oficio, existen numerosos casos en los que el juzgado debe forzar su cumplimiento, ante la desidia de la parte demandada. «Es paradójico que precisamente para casos relacionados con la Administración sea esta la que pone palos en la rueda, no dota de personal y contribuye a atascar aún más la carga de trabajo de los tribunales», señalaron fuentes de la Ciudad de la Justicia. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche tiene pendiente la ejecución de 270 asuntos, así como 1.368 casos a la espera de dictar sentencia.
