La hostelería y la agricultura ya están a la par de la industria manufacturera en lo que a la economía sumergida se refiere. El volumen del empleo irregular en la provincia creció de forma importante en 2017, atendiendo al número de casos aflorados por la Inspección de Trabajo, que destapó casi el doble de ilegalidades que en 2016, en buena medida por los casos detectados los sectores hosteleros y agrícolas.
Durante el ejercicio 2017, las actuaciones realizadas en la provincia de Alicante por la Inspección de Trabajo permitieron aflorar 6.682 empleos irregulares, donde se incluye a trabajadores a los que no se ha dado de alta, perceptores de prestaciones incompatibles, o extranjeros en situación irregular carentes de autorización para trabajar en España. Esta cifra supone más de la mitad del empleo irregular que se detectó el año pasado en toda la Comunidad Valenciana, por lo que la provincia lidera el ránking de la economía sumergida.
La crisis económica está detrás de estos datos, y de la migración del empleo irregular a otros sectores, reconocen desde el propio Ministerio de Trabajo. También lo sostienen así desde los sindicatos UGT y CC OO, y las patronales, que piden más medios y colaboración para luchar contra las malas prácticas en el terreno laboral. Organismos y colectivos a los que les llama la atención que en el último año se incrementara notablemente el número de empleo irregular aflorado en la provincia.
Si tradicionalmente en la provincia la economía sumergida se vinculaba a la industria manufacturera, por el peso del calzado en las población del Vinalopó, la pérdida de puestos de empleo en el sector de la construcción ha llevado en los últimos años a los parados a aceptar trabajos sin contrato en sectores como la hostelería y la agricultura, donde los inspectores de trabajo están dando con más casos irregulares durante los últimos meses.
Batidas los fines de semana, por los locales de ocio, y durante las campañas de recolección en el campo, también en la zona del Vinalopó, han llevado a que en el último año hayan aflorado más empleos irregulares, que se suman a los que se siguen detectando en la industria manufacturera.
Si en 2016 la Inspección de Trabajo detectó 3.907 empleos irregulares en la provincia de Alicante durante 2017 la cifra se elevó a 6.682. Y eso que el número de inspecciones realizadas el año pasado fue menor. En 2017 los inspectores abrieron 12.683 expedientes de comprobación, frente a los 13.094 de 2016.
Esto quiere decir que cada vez les es más fácil dar con la economía sumergida, en un momento en el que hay menos reparo a la hora de tener a personas trabajando de cara al público sin ningún tipo de contrato, o con contratos de menos horas de las que el empleado realiza al cabo de su jornada laboral.
Desde el sector de la agricultura sostienen que las empresas que se dedican al campo cada vez están más profesionalizadas, pero que, así y todo, se siguen dando casos de «pequeños explotadores», dicen, que echan mano de trabajadores para pocas jornadas y a los que no se da de alta en la Seguridad Social. En este sentido el secretario general de Asaja Jóvenes Agricultores, Eladio Aniorte, sostiene que «la mayoría de los agricultores trabaja correctamente, y tiene a todos sus empleados dados de alta, aunque haya excepciones».
Para evitar irregularidades en las campañas de recolección, desde la organización insisten en la necesidad de que los productores recurran a empresas agrícolas que proporcionan mano de obra cumpliendo todas las exigencias laborales. Y es que, sostiene Aniorte, «el que se salta las normas se enfrenta a multas económicas importantes, por lo que todos deben actuar bajo el marco legal».
Servicios
Desde el sector de los servicios, la Asociación de Empresas de Servicios de Elche y Comarca (Aesec) lleva varios años incentivando a las empresas a cumplir con la legislación. Por este motivo, pusieron en marcha hace varios años un sello de calidad, que tiene como objetivo garantizar a los clientes que las personas que trabajan en una determinada empresa están contratadas legalmente. Esta patronal del sector de los servicios también ha llegado a plantear la idea de crear un carné que acredite a los clientes que el empleado de la empresa está dado de alta, con el fin de luchar contra la economía sumergida cuando se trata de servicios en los que el trabajador tiene que entrar en un domicilio participar para realizar su trabajo.
