Cerca de 3.300 familias ilicitanas se beneficiarán de la nueva Ley de Renta Valenciana de Inclusión, que supone más de 495 euros por titular, frente a los 385 actuales, tanto en los casos en que la persona no necesite un itinerario de inserción o de acompañamiento como en los que sí lo requiera. En caso de que el solicitante renuncie voluntariamente a realizar la inserción, la ayuda se reducirá hasta los 237,6 euros.
Así lo ha explicado esta mañana la edil de Bienestar Social, Teresa Maciá, quien ha señalado que esta nueva ley "corrige los errores generados por la actual renta garantizada de ciudadanía". Una de estas ventajas es que los beneficiarios recibirán esta ayuda mensualmente. Además, tendrá carácter indefinido frente al límite de tres años que había ahora y hace más flexible los criterios por los que una persona puede acceder a alguna de las cuatro modalidades de renta que describe la norma.
Por otra parte, Maciá ha indicado que el Ayuntamiento podrá incrementar hasta en un 25% la ayuda aprobada por la Generalitat. La concejala ha indicado que el objetivo de esta nueva ley "es mejorar la vida de las personas en situación de necesidad porque recoge prestaciones económicas para garantizar una vida digna y promover la igualdad de oportunidades". La edil del área ha recordado que ella misma en representación del Ayuntamiento de Elche participó en la redacción de esta nueva norma.
Más ayudas
La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha destinado este año 8.177.465 euros a los ayuntamientos de las comarcas del Vinalopó para el desarrollo de programas y mantenimiento de recursos sociales dirigidos a diferentes colectivos. Esta cantidad supone un incremento del 17% respecto a la cifra abonada el pasado año y que supuso un coste de 6.983.819 euros. Por capitales de comarcas, las líneas de subvención para el Ayuntamiento de Elche ascienden a 2.581.428 euros.
Por su parte los municipios del Baix Vinalopó, Crevillente, Elche y Santa Pola, reciben este año un total de 3.851.886 euros. Por líneas nominativas, el Plan Concertado de servicios sociales tendrá una subvención de 2´68 millones de euros; la atención a menores SEAFI la cantidad de 155.280 euros; y los centros de diversidad funcional un total de 614.000 euros.
Por su parte las oficinas de atención a personas migrantes PANGEA recibirán una subvención que asciende a 82.000 euros; la red de agentes de igualdad un total de 100.200 y el programa de igualdad e inclusión del pueblo gitano recibe este año una subvención de 43.000 euros. Asimismo, las medidas judiciales para menores en medio abierto tendrán una financiación de 174.108 euros.
