Los últimos días han supuesto cambios de decisiones y de opiniones en torno al edificio de Riegos El Progreso. A comienzos de semana el tripartito inició el proceso para modificar el apuntalamiento de forma subsidiaria con el objetivo de que tanto vehículos como el transporte público puedan circular por uno de los puntos neurálgicos de la zona centro de la ciudad. Los operarios llegaron a retirar los puntales que invadían la calzada. Así, el equipo de gobierno actuó de forma subsidiaria, para después repercutir el gasto de 35.000 euros a la propiedad del inmueble centenario, que se ha negado a cambiar la posición por cuenta propia de las vigas. El Consell tiene dos meses de plazo para pronunciarse y decidir si el edificio se tiene que conservar o, de lo contrario, los propietarios pueden seguir haciendo uso de la licencia municipal que les concedió el tripartito para tirarlo abajo.
Por otra parte, el viernes se conoció que los dueños de El Progreso pedirán al Consell indemnizaciones por la paralización del derribo. La propiedad considera a la Generalitat «responsable» directa de los gastos extraordinarios y los perjuicios sufridos, y exime de responsabilidad al Ayuntamiento. Los titulares aseguran que recurrirán el gasto del cambio de apuntalamiento que les repercutirá al tripartito. Los propietarios del bloque estudian pedir responsabilidades penales, además de las civiles.
