03 de febrero de 2018
03.02.2018

La plaza de la Constitución y la calle Almórida vuelven a abrirse al tráfico

La apertura estaba prevista para el lunes pero la empresa ha acelerado su labor y el paso de vehículos y autobuses se ha restablecido

06.02.2018 | 11:53
La plaza de la Constitución y la calle Almórida vuelven a abrirse al tráfico
La plaza de la Constitución y la calle Almórida vuelven a abrirse al tráfico

El tráfico en la plaza de la Constitución y la calle Almórida, que estaba cerrado desde el 12 de enero se ha restablecido hacia las 13.45 horas en Elche.

La empresa encargada de realizar esta labor tenía previsto acabar los trabajos el lunes pero ha acelerado las obras y ya se ha reabierto el paso a vehículos.

La ruta de autobuses de las líneas E y J, que se modificaron vuelven a partir de este momento a retomar su ruta habitual y la calle Corredora permanecerá abierta al tráfico los sábados, de momento, hasta que retome la normalidad. Hoy permanecerá abierta todo el día hasta las 18 horas, que se cerrará de forma excepcional por la Entraeta de las comparsas de Moros y Cristianos por el Mig Any.

Los operarios han comenzado a retirar este mediodía las vallas que cortaban el tráfico y tras comprobar las medidas de seguridad, la Policía Local ha reabierto el tráfico y controlarán que el paso de vehículos se restablezca con normalidad y actuarán en el caso de que se produzca algún tipo de atasco o confusión en los primeros momentos.

El alcalde de Elche, Carlos González y el concejal de Vía Pública, Carlos Sánchez han estado presentes en el momento de la apertura al tráfico. En los primeros minutos, debido a que aún permanecía el camión con las vallas aparcado, se ha producido unas pequeñas retenciones tras el paso de un autobús, pero se ha resuelto en unos pocos minutos.

Los agentes de Movilidad Urbana están pendientes de cómo transcurre la reapertura e informarán a los viandantes y conductores que lo soliciten en el entorno frente al edificio de Riegos El Progreso.

Los trabajos

El tripartito inició el lunes el proceso para modificar el apuntalamiento de forma subsidiaria con el objetivo de que tanto vehículos como el transporte público puedan circular por uno de los puntos neurálgicos de la zona centro de la ciudad.

Hace unos días, los operarios retiraron los puntales que invadían la calzada. El equipo de gobierno actuó de forma subsidiaria, para después repercutir el gasto de 35.000 euros a la propiedad del inmueble centenario, que se ha negado a cambiar la posición por cuenta propia de las vigas.

Mientras tanto, la Generalitat tiene dos meses de plazo para pronunciarse y decidir si el edificio se tiene que conservar o, de lo contrario, los propietarios pueden seguir haciendo uso de la licencia municipal que les concedió el triparto para tirarlo abajo. De momento, los dueños ya presentaron alegaciones al Consell para defender la legalidad del proceso iniciado para derribar la antigua sala de venta de agua y construir un nuevo bloque destinado a viviendas u oficinas. Todo ello, bajo el paraguas del tripartito que concedió todos los permisos amparándose en que no existe ninguna normativa vigente que pida proteger el inmueble.

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