Del rechazo a que Elche quede invisibilizada en el Plan Territorial de Consell a pedir la dimisión de Camps, pasando por la petición de más fondos a la Diputación, un plan de choque contra la precariedad laboral, hasta las peticiones como la equiparación de los salarios a los policias españoles o la prisión permanente revisable. Así quedó nutrido prácticamente el primer pleno del año. De declaraciones institucionales, de reprobaciones con ausencias y de seis mociones presentadas por los partidos políticos, tres de ellas fuera del ámbito local. Todo ello al margen de las cuestiones con punto específico en el orden del día, y que pasaron por dar luz verde a trámites relacionados con la zona azul, los tanatorios y la desafectación del suelo del Parque Empresarial para construir aparcamientos subterráneos.
Tal y como marcaba el guión, después de que la pasada semana todos los partidos cerraran las negociaciones para aliarse en un frente común para defender a Elche en el Plan de Acción Territorial (PAT), salió adelante una declaración institucional en contra de que la ciudad se convierta en una área metropolitana de Alicante. La polémica por la autoría de la iniciativa quedaba diluida, después de que la pasada semana PSOE y PP se enredaran con los protagonismos.
En esta ocasión, todos a una se unieron para pedir una implicación activa del municipio en el desarrollo de este plan del Consell que definirá el modelo de las ciudades. Algo que este mismo jueves comenzará a materializarse, una vez que el Gobierno valenciano haya fijado en la ciudad la primera reunión de trabajo en un intento de aplacar la tensión generada entre los ilicitanos.
Sin embargo, más allá de este frente común ya preestablecido días antes, lo que no estaba marcado en el orden del día fue la reprobación al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. Una vez acabado el turno de mociones, Compromís pidió de urgencia la dimisión del exjefe del Consell del Consell Jurídic Consultiu, después de que lo hayan señalado estos días como principal responsable de la financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana. Una propuesta planteada por Mireia Mollà, que fue apoyada por todos los grupos de la Corporación municipal, excepto por el Partido Popular y que incluyó además, la salida «momentánea» de su portavoz, Mercedes Alonso del salón de plenos, mientras Compromís, PSOE y Ciudadanos cargaban contra el expresidente, el PP y la corrupción.
La razón que dio el PP para abstenerse en la votación en contra de Camps fue que «no eran formas de presentar» la petición, tal y como defendió el portavoz adjunto, Vicente Granero, quien dejó caer que estarían abiertos a cambiar la normativa por la que el expresidente ha pasado ha formar parte del Consell Jurídic. Se mantuvo el guión de lo ya expuesto por el PP en las Cortes. No obstante, Granero calificó la situación de «espectáculo de ataque al PP», y pidió que no se metiera en el mismo saco a todo el partido. Precisamente, una moción del grupo del PP fue la única que en el pleno de ayer fue tumbada por el resto de partidos. En este caso, la de la defensa de la prisión permanente revisable.
De igual manera, los populares también fueron los únicos que votaron en contra de reclamar más dotación a la Diputación de Alicante, del Fondo Local de Cooperación, a propuesta de Compromís. Un asunto por el que el tripartito viene cargando en los últimos años contra el organismo provincial, en manos del PP, al considerar el Ejecutivo local, que se margina a la ciudad. En concreto, afearon a la institución, de la que Alonso es diputada, que Elche vaya a recibir 185.000 euros, en lugar de 700.000 euros que, según Mollà, podrían haber adjudicado. Sin embargo, lejos de esta impresión, los populares se escudaron en la importancia de haber presentado «proyectos estratégicos» para optar a esos fondos.
La propuesta de la prisión permanente revisable, junto a la petición de un salario igualitario para los policías, formulada por Ciudadanos o la petición de un plan de choque contra la precariedad laboral impulsada por PSOE fueron las tres de las siete mociones de índole nacional que llenaron buena parte del contenido del pleno. Algo que también fue reprochado por el portavoz del Partido de Elche, Jesús Pareja, durante su intervención a favor de programas de educación ambiental. «Se está nacionalizando el pleno», alegó.
