El tripartito ha rechazado que esté actuando con pasividad respecto al edificio de El Progreso, apuntalado por urgencia la pasada semana en mitad de su derribo, y ante el cierre del tráfico en la plaza de la Constitución. El edil de Urbanismo, José Manuel Sánchez, se ha defendido hoy de los ataques hacia el Ayuntamiento, especialmente del PP, sobre la manera en la que está gestionando el conflicto generado con el inmueble centenario. De hecho, también ha pedido disculpas a la población y a los comerciantes, pero ha dejado claro que el Ayuntamiento no ha adoptado la decisión, sino que ha obedecido a la orden autonómica de adoptar medidas de seguridad por el riesgo del edificio.

El edil del área también ha salido al frente para reiterar que "al Ayuntamiento no le corresponde tomar una decisión respecto al edificio" y ha apuntado al Consell como "responsable directo en tomar una decisión" sobre el futuro del inmueble y la situación generada en el centro de la ciudad. Después del encuentro mantenido ayer entre los técnicos municipales y los del Gobierno valenciano para buscar una solución, el equipo técnico del Consistorio ilicitano ha vuelto a mantener hoy una reunión para analizar medidas y poder restablecer el tráfico en las arterias que se han visto afectadas.

Ayer, el equipo de gobierno puso sobre la mesa del Consell la necesidad de adoptar una solución urgente y no esperar los dos meses que tiene de plazo para pronunciarse, también trasladó las consecuencias que ha tenido la decisión de la Administración autonómica sobre el tráfico y la preocupación municipal ante este bloqueo generado. Asimismo, plantearon la opción de apuntalar el inmueble por dentro para poder reabrir la zona al tráfico, lo que supondría autorizar a la propiedad a seguir desmontando la cubierta. Sin embargo, por ahora, no hay ninguna decisión tomada al respecto. El edil de Urbanismo ha señalado que la Conselleria todavía no ha concretado cuándo va a actuar ni cómo.

Hoy los técnicos municipales han abordado las diferentes alternativas para apuntalar el inmueble, así como las consecuencias jurídicas que tendría para el Ayuntamiento el hecho de que, por ejemplo, reclamara a la propiedad cambiar el apuntalamiento. Algo que podría acarrear, en definitiva, que los dueños del bloque reclamaran posteriormente al Consistorio los costes de esos trabajos.