Hace una semana la Conselleria de Cultura emitía una orden para paralizar de forma inmediata las obras de derribo del edificio El Progreso y reclamaba el apuntalamiento urgente del inmueble de la plaza de la Constitución. Una exigencia que obligaba al tripartito a cerrar el tráfico en esa céntrica calle y en otras colindantes por razones de seguridad y por la imposibilidad de circular debido a las enormes vigas clavadas sobre el asfalto.

Todo un bloqueo generado tras una notificación realizada in extremis por parte del Gobierno valenciano, con el edificio ya a medio derribar, tras la presión de defensores del Patrimonio ilicitano que defendieron la conservación de la antigua sala de venta de agua que perteneció a la Sociedad Nuevos Riegos El Progreso y que fue desprotegida en el último Plan General de 1998. Ahora, ese inmueble centenario donde en el pasado se hicieron las tradicionales subastas de agua se ha convertido en el centro de todas las miradas, después de que hace dos décadas pasara a manos de particulares sin ningún tipo de blindaje para ser derribado y después de que el tripartito le concediera la licencia de derribo para levantar un nuevo bloque de viviendas o de oficinas.

Con este panorama y en mitad de una guerra abierta entre el Ejecutivo local y el PP por buscar responsables de todo este conflicto, la ciudad está a la espera, tras siete días de parálisis, de una solución para minimizar el problema del tráfico y para saber qué pasará con el inmueble centenario. Por ahora, el Consell no ha manifestado ni cuándo ni cómo va a actuar. Así lo aseguró ayer el concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez, tras la reunión mantenida con los técnicos de la Administración autonómica. Por ahora, no hay ninguna solución tomada al respecto. De plazo máximo tienen dos meses, tal y como marca la ley como límite para decidir si se preserva o no lo que queda de la fachada.

Tampoco hay alternativa por parte del Ejecutivo local, al menos por el momento. Desde el tripartito se aferran a que al Ayuntamiento no le corresponde tomar una decisión y apuntan a la Generalitat como única responsable. Lo que sí que ha hecho el equipo de gobierno en estos últimos días es meter prisa al Consell para solventar con urgencia el problema, además de plantear un cambio de apuntalamiento para permitir el paso de los vehículos por esta zona neurálgica de la ciudad. Eso y estudiar las consecuencias jurídicas y, por tanto económicas, que podría tener que el Consistorio tomara las riendas y pidiera a la propiedad cambiar las vigas, en lugar de que lo haga la Conselleria, que de momento no ha manifestado si está por la labor. Algo que, implicaría el riesgo de que los dueños del inmueble reclamaran los costes de los trabajos al Ayuntamiento.

Así las cosas, y llegados a este punto sin tener todavía respuestas, las críticas vecinales y de los comerciantes van subiendo de tono conforme pasa la semana. Del mismo modo, las acusaciones entre el equipo de gobierno y el PP siguen sin descanso cada día. ¿Quién es el responsable de todo? Es la pregunta más frecuente y repetida estos días.

En el año 1997, en plena redacción del Plan General de Ordenación Urbana, Nuevos Riegos El Progreso vendía la antigua sala de venta de agua a una propiedad privada y en 1998, con un Ayuntamiento formado por el PSOE y EU, quedaba libre protección el edificio, que en 1982 sí que llegó a estar catalogado.

Hace siete años, la propiedad iniciaba entonces el expediente para tirar abajo el bloque. Durante el mandato de Mercedes Alonso, Urbanismo dio luz verde a una licencia de segregación, que permitiría a los dueños retranquear el inmueble para ceder el suelo restante al Ayuntamiento. Un trámite previo al derribo. Fue en noviembre de 2017, cuando el tripartito concedía ya, después de todo un periodo de subsanaciones, la licencia de demolición a los propietarios. Meses más tarde, comenzaban a tirarlo abajo, hasta su paralización cautelar.