El Ayuntamiento de Elche ha emitido una orden de ejecución para modificar el apuntalamiento de la fachada del edificio de El Progreso, que se tuvo que apuntalar el pasado viernes de urgencia, ocupando la vía pública e impidiendo el paso del tráfico rodado, por la orden de la Conselleria de Cultura que paralizó su derribo.
El alcalde, Carlos González, ha mantenido esta mañana una reunión con los propietarios del edificio con el fin de comunicarles que a lo largo de la jornada de hoy se les notificará la orden de ejecución. La intención municipal es buscar la colaboración de la propiedad para dar cuanto antes una solución al problema que supone el corte de tráfico en la plaza de la Constitución, que ha obligado a establecer itinerarios alternativos y a modificar el recorrido de varias líneas de autobús urbano.
En caso de que los propietarios no acaten la orden de ejecución será el Ayuntamiento, según ha indicado esta mañana el concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez, el que ejecutará la modificación del apuntalamiento de forma subsidiaria. De hecho el edil ha reconocido que el máximo riesgo al que se enfrenta el Ayuntamiento al emitir esta orden de ejecución es el de asumir el coste de la obra.
Entre unas cosas y otras desde el Ayuntamiento han estimado un plazo de entre siete y diez días para dar solución al cambio del apuntalamiento, que tendrá que seguir estando en parte de la vía pública. La opción que se ha barajado descarta actuar desde el interior del inmueble, y apuesta por ocupar unos dos metros de vía pública. El carril para el tráfico rodado se habilitaría a costa de eliminar, de forma provisional, la zona de carga y descarga de la plaza de la Constitución.
Desde el Ayuntamiento ilicitano han destacado que los propietarios se han mostrado dispuestos a colaborar, pero que tendrán que decidir sus pasos a dar una vez analicen la situación con sus servicios jurídicos. En estos momentos los propietarios todavía están en plazo para presentar alegaciones contra la orden de la Conselleria de Cultura que ordenó la paralización de las obras hasta que se estudie el valor patrimonial de la fachada de la antigua sala de venta de aguas de El Progreso.
Sobre este tema, y a tenor de las acusaciones cruzadas que se han dedicado esta semana los diferentes grupos políticos, el edil de Ciudadanos, Juan Antonio Sempere, ha considerado que este asunto acabará en los tribunales y con un coste que "deberemos asumir todos los ilicitanos en cuanto a daños y perjuicios".
En esta misma línea se ha manifestado el concejal del PP, Vicente Granero, que ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que este problema acabe significando un coste económico para el Ayuntamiento.
