La situación de bloqueo que ha generado la paralización del derribo de El Progreso, su apuntalamiento de urgencia y el corte al tráfico ya han levantado ampollas en el seno de la Corporación local. Con la plaza de la Constitución cerrada, un inmueble centenario a medio tirar y la indignación de vecinos, comerciantes y defensores del patrimonio como telón de fondo, el cruce de acusaciones entre el tripartito y el PP no se ha hecho esperar. Ni tampoco las críticas a la Generalitat, que dictó la orden cautelar de suspender la demolición hasta decidir si ahora hay que proteger o no la antigua sala de venta de agua. Es más, ni siquiera han faltado los reproches a los que gobernaban cuando se aprobó el Plan General en 1998 por el que el inmueble de la plaza de la Constitución se quedó sin blindaje. En mitad del revuelo generado por la desprotección del inmueble enclavado en pleno centro de Elche, las acusaciones ya corren como la pólvora. La cuestión es buscar responsables y también, y de paso, de echar balones fuera.

Compromís, que se pronunció por primera vez ayer después de una semana y media desde que se iniciara el derribo, apuntó contra los inquilinos de la Plaça de Baix de hace dos décadas a los que acusó de quitar «intencionadamente» la protección al inmueble, que sí que estaba catalogado en su totalidad desde el año 82. Incidió en que habría que pedir explicaciones a aquellos gobernantes, aunque sin precisar que en aquel momento estaban al frente del Ayuntamiento PSOE y EU. Tras descartar otra brecha con sus socios de Gobierno por este asunto, Mireia Mollà también recriminó a sus compañeros de València. Reconoció que la Conselleria de Cultura ha actuado tarde al haber tenido tiempo de pronunciarse desde que conoció los planes de los propietarios del bloque en diciembre. De una manera u otra, Compromís alegaba ayer que la gestión realizada por el tripartito es la correcta.

También lo volvía a hacer por activa y por pasiva el PSOE. Si la pasada semana, los socialistas ya mostraron su cabreo monumental con el Consell al considerar que han llegado tarde con su paso al frente en torno a El Progreso, ayer cargaron contra el PP después de que les apuntaran como responsables directos, junto a Compromís, de la situación de parálisis que vive el centro. El edil de Urbanismo contraatacó y se escudó en que el Gobierno de Mercedes Alonso también pudo hacer algo para proteger la vieja edificación, ya que en el año 2011 los propietarios iniciaron el expediente para hacer desaparecer la antigua sala de venta de agua y construir viviendas u oficinas desde cero. También se remitió a PP, cuando al frente de la Generalitat, dio su visto bueno al plan general del 98, elaborado por el Ayuntamiento de entonces, y la consiguiente desprotección del inmueble.

En definitiva, el PSOE cargaba así contra la herencia recibida y descartó, una vez más, que la responsabilidad de la situación que atraviesa El Progreso sea del actual equipo de gobierno. La concesión de la licencia de derribo corresponde a un acto reglado, alegó de nuevo.

También el presidente del PP, Pablo Ruz, echó la culpa al tripartito de todo y salió en defensa de la gestión de su partido con el inmueble cuando estuvieron al frente de la Corporación municipal. Ruz justificó, al igual que ha hecho el tripartito esta semana, que también trataron de paralizar el derribo -de forma verbal- negociando con los actuales propietarios la posibilidad de conservar la fachada de la plaza de la Constitución. Algo a lo que ni antes ni después las familias que tienen en propiedad el bloque desde el año 1997 han estado dispuestas, al haberlo adquirido sin blindaje de ningún equipo de gobierno en los últimos veinte años.

Mientras, más allá de la guerra abierta entre el Ejecutivo local y los populares, el Ayuntamiento está estudiando nuevas fórmulas para descongestionar el tráfico en la zona centro y buscando alternativas de desvíos debido al cierre de la plaza de la Constitución, como podría ser la supresión temporal de algunos aparcamientos. Desde la Concejalía de Movilidad avanzaron ayer que la Corredora, al igual que ha ocurrido este sábado, estará abierta a la circulación, en caso de que la arteria donde se encuentra el inmueble de El Progreso continúe bloqueada.