Dos meses de oxígeno para saber qué ocurrirá con el antiguo edificio de Nuevos Riegos El Progreso, que ayer se salvaba, al menos de momento, por obra y gracia de la Generalitat. Dos meses, de hecho, es el plazo que tiene la Conselleria de Cultura para determinar si protege el inmueble centenario de la plaza de la Constitución o si, de lo contrario, lo sepulta definitivamente, después de que ayer decidiera paralizar el derribo.
La notificación de la suspensión cautelar de los trabajos de demolición de la antigua sala de venta de agua irrumpía ayer a solo tres días de que una máquina empezara a tirar abajo el bloque. Y lo hacía en mitad del revuelo social causado en algunos sectores y de la presión por parte de la platafoma en defensa del patrimonio para evitar que desapareciera y que un conjunto de oficinas ocupara su lugar.
En las últimas hora, en este sentido, hubo contactos en altas instancias, y se habló con la diputada autonómica de Compromís, Marian Campello, para que mediara en València. Al final, llegó la noticia de la medida cautelar a media mañana, con el consiguiente malestar en el Ayuntamiento. También hubo quienes se presentaron hasta en el juzgado de guardia para interponer una denuncia, que finalmente no fue registrada, al conocer la nueva de la paralización.
En este contexto, desde el Ayuntamiento realizaban, pasado el mediodía, una convocatoria de urgencia para informar de los «últimos acontecimientos» sobre El Progreso. El edil de Urbanismo, José Manuel Sánchez, anunciaba la notificación que durante la mañana había llegado por parte del Consell de manera oficiosa. El derribo había sido detenido. La Generalitat había decidido hacer uso de sus competencias. Paralizaba los trabajos de demolición, que comenzaron el lunes y que han supuesto ya el desmontaje de una parte de la cubierta, derribos parciales en el interior del inmueble y de los laterales de la fachada. Toda una suspensión «in extremis» que hizo que el concejal del área no pudiera esconder su enfado con València al considerar que su determinación ha llegado tarde debido al ya avanzado estado en que se encuentra el derribo.
Reproches al Consell
El tono crítico fue más que evidente. No entendía por qué el Consell había tardado tanto en pronunciarse después de que conociera desde el mes de diciembre que la demolición había sido autorizada, alegó. Era algo que se abordó en la mesa de Patrimonio con representantes de la Administración autonómica, apostilló. En esta reunión, colectivos locales presentaron un informe sobre la importancia que tiene el edificio dentro del legado arquitectónico de la ciudad.
Entonces el proceso de demolición estaba más que iniciado. El Ayuntamiento había concedido la licencia a los actuales propietarios del bloque el 27 de octubre. Lo hacía amparándose en que el plan municipal de 1998 no protege el inmueble que da a la plaza de la Constitución y que había dejado de formar parte de Nuevos Riegos de El Progreso en aquellas fechas. Así lo reiteraba ayer el edil de Urbanismo, quien no dudó en reprochar al Consell que en aquel momento aprobó el catálogo de los edificios con la desprotección de la antigua sala donde se hacían subastas de agua. No en vano, fue incluso más allá y exigió a València que actúe igual con el Mercado Central y que determine si el inmueble de abastos merece una protección antes de que sea demasiado tarde.
No obstante, la actitud del Ayuntamiento sigue sin convencer entre algunos sectores. La asociación Àgora instó ayer al tripartito a no «lavarse las manos» ante lo que consideraba un «atentado contra el patrimonio de la ciudad». El colectivo reclamó al equipo de gobierno que emprenda todas las vías que posibiliten el mantenimiento del edificio, incluida la negociación con los propietarios.
Larga historia
La pretensión de hacer desaparecer el inmueble de la plaza de la Constitución viene de lejos. Los propietarios del edificio iniciaron el expediente en abril de 2011, antes de las elecciones municipales, según manifestaron desde el Ejecutivo local. Durante todo este tiempo, se han tenido que paliar deficiencias técnicas hasta que en octubre del pasado año finalizó el procedimiento con un resultado favorable para los particulares, que ya habían presentado el proyecto de construcción del nuevo inmueble.
Comenzaba así la crónica de una muerte anunciada para un bloque que llegó a estar protegido en el primer catálogo municipal de 1982. Ahora, habrá que esperar a ve si el inmueble tiene oportunidad de resucitar en estos dos meses que marca la ley para que el Consell tome una decisión, tras el periodo que se abre de alegaciones.
