E l vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, señaló ayer que el Ejecutivo interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ministerio de Medio Ambiente que autoriza la cesión de agua entre las comunidad de regantes de Estremera (Madrid); y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura porque esta decisión «no se ajusta a las reglas» y porque no supone «una solución de fondo» al problema del agua.

En rueda de prensa para presentar los acuerdos del Consejo de Gobierno, entre los que figura la autorización al gabinete jurídico de la Junta para que ejerza las acciones oportunas para interponer este recurso, García-Page recordó que los derechos de agua son de otorgamiento público y «comprar y vender no nos gusta como filosofía», añadió.

Señaló que recurrir esta decisión, adoptada por el Ministerio el 26 de febrero de este año, responde a razones de tipo jurídico, porque no ofrece garantías jurídicas y de tipo medioambiental, ya que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha interpretado esta acción como la concesión de «un trasvase encubierto sin las garantías necesarias», informa Europa Press.

En este punto, Emiliano García-Page reconoció que el hídrico es un «problema poliédrico», con muchas caras, pero aclaró que el Gobierno regional «no va a hacer dejación si vemos que están en juego aspectos de interés para Castilla-La Mancha» y, en estos momentos, agregó, «cualquier decisión así debe basarse en reglas del juego» que se sustenten en la prioridad del uso.

A su juicio, es importante saber qué papel le corresponde a cada administración lo que no quita que, a pesar del recurso contra esa decisión del Ministerio, luego se lleguen también a acuerdos con Medio Ambiente como el alcanzado ayer en torno al Plan de Desarrollo Sostenible de los Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía.

Por su parte, el portavoz de la Comunidad de Riegos de Levante (que recibe una cuarta parte de los 31 hectómetros cúbicos adquiridos por el Sindicato);, Ángel Urbina, recordó que, contrariamente a lo que cree el Gobierno de Castilla-La Mancha, «el agua no es suya, sino que pasa por allí» ya que la compra se ha efectuado a una comunidad de regantes de Madrid «y nosotros pagamos un peaje por pasar por su territorio».

En su opinión, con sus maniobras, el Gobierno castellano manchego pretende «vendernos agua de sus 20.000 pozos ilegales» y afirmó que si, al contario que en El Hondo, el parque nacional de las Tablas de Daimiel no tiene agua «es porque hay miles de pozos ilegales sacando agua de allí que lamentablemente consiente el Ministerio de Medio Ambiente.

Urbina afirmó que los regantes «estamos siendo muy prudentes en cuanto a cualquier acción que tenga que ver con Castilla-La Mancha, pero me parece que algún día nos va a encontrar. Creo que es una comunidad a la que hay que ayudar, dar euros, potenciar su turismo rural. La Comunidad Valenciana aporta y Castilla-La Mancha recibe y hay que ser solidarios los unos y los otros». El portavoz añadió que «los castellanos manchegos deben tener claro que los políticos que tienen sólo quieren confrontaciones entre regiones hermanas. El Ministerio de Medio Ambiente no se debe dejar llevar por un movimiento pseudopolítico».