28 de diciembre de 2017
28.12.2017

El decreto de IFA deja abierta la entrada de capital privado en la gestión del complejo ferial

El pleno del Consell aprobará el viernes el trámite para asumir la deuda a cambio de la propiedad y de tomar las riendas del recinto - El embargo por el IBI del pasado verano precipitó las gestiones

29.12.2017 | 00:55
Uno de los pabellones de la Institución Ferial Alicantina.

La solución para la Institución Ferial Alicantina (IFA) parece estar un poco más cercana, pero sin despejarse por completo. El pleno del Consell aprobará el viernes, si nada lo impide, el decreto por el que la Generalitat Valenciana asumirá la deuda de la Institución Ferial Alicantina (IFA) y Feria Valencia. Un decreto que deja claro que ambas instituciones pasarán a manos de comisiones gestoras que estarán activas hasta que sea posible el traspaso del negocio ferial a nuevas sociedades mixtas. De esta forma se fija por escrito la entrada de capital privado en los complejos feriales.

Aunque la situación de Feria Valencia, por su volumen, se considera diferente a la de la Institución Ferial Alicantina, el decreto que pasará el viernes por el Consell, trata a ambos casos en términos similares, pese a que fuentes del Consell aseguraron ayer a este diario que el decreto sólo refleja una posibilidad y que IFA podría seguir funcionando, una vez se resuelva el problema de la deuda, como lo ha estado haciendo durante los últimos años, en los que el resultado económico de la gestión de la actividad ha sido positivo.

No obstante, el decreto deja claro la entrada de capital privado que se hara cargo de la gestión del complejo, o de, por ejemplo, las parcelas en las que se iba a ejecutar la ampliación. Esto último no deja de ser una posibilidad para el Consell, al que le ha costado ponerse de acuerdo para llegar a este punto, por los posicionamientos contrarios que han mostrado los departamentos de Hacienda, de Vicent Soler, y de Economía Sostenible, de Rafa Climent.

En este sentido el embargo que sufrió IFA por el impago del IBI el pasado verano ha precipitado su inclusión en un decreto que en un principio solo estaba pensado para dar salida al conflicto de Feria Valencia. De no haber sido por el embargo, la solución a la deuda financiera de IFA habría tardado más en llegar, ya que la prioridad para el Consell de Ximo Puig era dar salida a Feria Valencia, y dejar el tema de la feria alicantina para más adelante. Además la predisposición de Rafa Climent a jugado a favor de IFA.

De hecho el protocolo de intenciones para posibilitar el proceso de reestructuración de Feria Valenciana, y que firmaron la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia y Feria Valencia, está fechado en el 5 de julio de 2017, mientras que el de IFA se tuvo que aprobar, con prisas, el pasado 18 de diciembre, la semana pasada.

Una vez el Consell apruebe el decreto se activarán los mecanismos establecidos en los protocolos. La Generalitat pasará a ser la propietaria de todas las propiedades de IFA, y la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo realizará las modificaciones necesarias en el actual marco normativo autonómico regulador de las ferias comerciales.

El protocolo establece que la Generalitat asumirá la competencia de promocionar las ferias comerciales oficiales, con el fin de posibilitar la actividad del complejo tal y como estaba previsto hasta la fecha.

Mecanismo

La aprobación del decreto conlleva, por tanto, la disolución del actual patronato de IFA, y hasta que se decida el modelo de gestión definitivo, una comisión gestora, en la que seguirán la actual directora general, Esther Guilabert, y el vicepresidente de IFA, Antonio Martínez, junto a representantes de las consellerias de Economía y Hacienda, estará al frente del complejo.

Hasta la fecha tanto Feria Valencia como IFA venían funcionando como entidades de derecho privado, y no estaban sujetas a las normas que rigen en el ordenamiento jurídico administrativo para las Administraciones Públicas. No obstante, se recoge en el decreto, diversos pronunciamientos judiciales y administrativos de órganos consultivos han cuestionado esta naturaleza jurídica de las ferias.

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