La Ciudad de la Justicia de Elche acoge hoy el juicio por el que la familia de un joven que falleció en marzo de 2012, después de caer desde el tejado de una nave industrial de Carrús, solicita una indemnización de 150.000 euros a la empresa para la que estaba trabajando, al considerar que se trató de un accidente laboral y que, además, el empleado no contaba con la formación necesaria en materia de riesgos laborales para desempeñar el trabajo que le habían encargado aquel día.

Los hechos que van a ser analizados esta mañana en sede judicial se remontan al 27 de marzo de 2012, cuando el ilicitano José Antonio Carpena, con 25 años de edad, estaba trabajando en la instalación de una alarma de seguridad en una nave en la que no había nadie más. La nave industrial estaba ubicada en el polígono industrial de Carrús.

El joven estuvo desaparecido varios días, ya que, pese a que el suceso se produjo el martes 27 de marzo de 2012, no fue hasta dos días más tarde, el jueves 29 de marzo, cuando efectivos de la Policía Nacional encontraron su cadáver en el interior de una nave distinta de la que estaba trabajando, aunque en el mismo entorno de la zona industrial.

La causa de la muerte fue un shock hemorrágico, después de caer al suelo desde una altura de ocho metros. Al parecer, el joven pisó una claraboya en mal estado de una nave cercana a donde había sido destinado por su empresa para instalar una alarma de seguridad, y se precipitó al suelo. El motivo por el que el trabajador estaba en el tejado de una nave distinta a la que había sido enviado aún no se ha esclarecido.

El asunto fue archivado en 2015 por la vía penal, después de que la Inspección de Trabajo no encontrase vinculación entre el trabajo que estaba realizando la víctima en la nave a la que había sido enviado, con su presencia en el tejado del inmueble desde el que cayó, provocándole la muerte. Bajo ese argumento se descartó entonces que fuera un accidente laboral. Aún así, la familia recurrió a la vía laboral, con el fin de tratar de demostrar que la muerte del joven sí que fue fruto de un accidente laboral, que, según consideran, y así defenderán durante el juicio, se debió a la falta de formación del empleado en riesgos laborales.

En el caso de que el juez estime los argumentos que presentará el representante legal de la familia, y que contradice la empresa para la que trabajaba, la compañía tendría que hacer frente a una indemnización que puede ascender a 150.000 euros, que es lo que se reclama en la demanda presentada contra la empresa.