La provincia de Alicante ha perdido desde principios de esta década casi 500 efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, según reconoce el Gobierno central en una respuesta parlamentaria al Grupo Socialista. Dicho de otro modo, la pérdida de efectivos ha sido de un 10% desde el año 2011.
A principios de la presente década, la provincia disponía de 2.669 guardias civiles y de 2.399 policías nacionales disponibles, lo que, en conjunto, representaba 5.068 funcionarios. En 2016, según los últimos datos que se han hecho públicos, el número de integrantes de la Benemérita en la provincia era de 2.498, mientras que la cifra de policías nacionales dependientes de las distintas comisarías alicantinas ascendía a 2.087, es decir 4.585 integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por tanto, 483 menos que en 2011.
En la respuesta parlamentaria, y en el caso de la Guardia Civil, se hace referencia tanto al catálogo de activos, como de reserva ocupados y en prácticas. Llama la atención, por ejemplo, que en los años 2013 y 2014 la provincia no tuviera asignado ningún alumno en prácticas, cifra que, no obstante, fue de 40 en el año 2016.
Alumnos en prácticas
Por su parte, en el caso de la Policía Nacional, el Gobierno central detalla los efectivos activos, los de segunda actividad con destino y los alumnos en prácticas. De nuevo, en este último caso, se pasó, en 2011, de 144 agentes en prácticas a apenas 9 en 2013.
Los diputados nacionales Julián López Milla y Patricia Blanquer Alcaraz formularon esta pregunta escrita en el Congreso, interesándose por los efectivos catalogados y disponibles de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de Alicante. Los efectivos disponibles agrupan las situaciones administrativas de activo, segunda actividad con destino y alumnos en prácticas.
Sin repercusiones
Desde la Subdelegación del Gobierno en Alicante se recuerda, en cualquier caso, que la tasa de reposición en los últimos años ha seguido la tónica de recortes, tal y como ha ocurrido en otros cuerpos de funcionarios y en otras administraciones, pero sobre todo se asegura que esta disminución de personal «no ha repercutido en la seguridad de la provincia».
En este sentido, se explica que en el año 2012 el índice de delitos en la provincia era de 55,43 por cada mil habitantes; en 2013 fue de 51,85; y en el año 2014 aumentó ligeramente hasta los 52,13, según siempre las mismas fuentes oficiales.
No obstante, en el ejercicio 2015 la cifra bajó hasta los 50 delitos por cada mil habitantes, y en 2016 las estadísticas hablan de 49,79 delitos, según siempre datos aportados por la Subdelegación del Gobierno, desde donde se afirma que la provincia «está muy por debajo de la media» nacional.
Sea como sea, desde la Subdelegación del Gobierno se señala que, frente a los recortes de plantillas en los últimos años, ahora éstas empiezan a recuperarse. En concreto, se indica que para este año 2017 se han convocado 1.966 plazas de Guardia Civil y 3.201 de Policía Nacional para todo el Estado, lo que arroja una suma de 4.167 efectivos. Se supone que una parte de éstos llegarán a la provincia.
