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Desciende el número de extranjeros en Elche por la obtención de nacionalidades españolas

Un informe del Ayuntamiento apunta que conseguir esa condición es uno de los principales motivos de la disminución en el número de habitantes de otros países

Personas extranjeras en la Sala Pertusa, en foto de archivo. antonio Amorós

María y su familia pidieron la nacionalidad española hace más de dos años y medio. Ella todavía no tiene respuesta: «La espera se hace muy larga», asegura la joven de doble nacionalidad peruana y argentina. Por el momento, Renata es una de los 21.638 extranjeros que residen Elche, según el último dato Instituto Nacional de Estadística (INE).Esta cifra ha ido disminuyendo en los últimos años. Según el último informe del Ayuntamiento de Elche, de 2016, ya había un 11,3% menos de población extranjera en la ciudad. Al porcentaje se añade otro 2,2% menos del último dato disponible del INE, lo que se traduce en que, desde 2015, 3.353 extranjeros menos conviven en las calles ilicitanas. Según dicho informe, el descenso puede obedecer tanto a la regulación administrativa como al aumento del número de nacionalidades.

Ahora hace dos años que entró en vigor la reforma del proceso de solicitud de la nacionalidad española. Los expertos explican que la norma pretendía estandarizar los criterios en los diferentes territorios y digitalizar el proceso: «La modificación de la ley supuso un vuelco sustancial al fijar un sistema electrónico para presentar las solicitudes telemáticamente», declara Lerdys Heredia, docente de Derecho Internacional Privado en la UMH y miembro del Observatorio Provincial de la Inmigración. Según explica la profesora, el procedimiento estaba pensado para acabar con las largas colas y que las solicitudes de nacionalidad se resolvieran en un año como máximo, «pero la realidad es que todavía hay cientos de miles de solicitudes pendientes de resolver, acumuladas desde el segundo semestre de 2015».

Exámenes

Sin embargo, una de las principales novedades que trajo el nuevo procedimiento es la obligatoriedad de que los solicitantes realicen dos exámenes con los que acreditar su conocimiento de la lengua española y su integración en la vida social. Son las pruebas convocadas y organizadas por el Instituto Cervantes, y dependiendo del país de procedencia del solicitante de la nacionalidad española tiene que realizar una o ambas.

En caso de que proceda de un país de habla no hispana, los extranjeros deben acreditar un nivel mínimo A2 para obtener la nacionalidad española, lo cual se hace a través del examen DELE (Diploma Español de Lengua Extranjera). La prueba está dividida en varias partes: comprensión lectora, expresión escrita, comprensión auditiva y expresión oral.

Son varias las dificultades que presenta el examen. Para empezar, muchos de los solicitantes pueden mantener una conversación fluida en español pero, por su empleo u otros condicionantes, encuentran serias dificultades en la escritura. En este sentido, si bien es cierto que en Elche existen varias opciones para mejorar el nivel de español (como iniciativas puestas en marcha por fundaciones como Elche Acoge), la dificultad reside en el modelo de examen. PANGEA, la oficina de atención a personas migradas de Elche, también ofrece clases de castellano impartidas por profesionales experimentados; pero Susana Sanzano, técnico del centro, insiste en señalar que no son clases preparatorias para el DELE. También añade que la demanda es mucho mayor que la oferta: «Tenemos una larga lista de espera todavía». Más allá de la dificultad en el contenido, para examinarse del DELE en Elche hay que pagar una tasa mínima de 124 euros, la cual se incrementa conforme se eleva el nivel que desea acreditarse. El pago da derecho a una única convocatoria, y en Elche sólo existen dos centros examinadores: la academia Top School y la Universidad Miguel Hernández, con tres convocatorias anuales del nivel A2.

En caso de proceder de países de lengua hispanohablante (que representan aproximadamente el 23% de la población extranjera en Elche), sólo es necesario realizar la prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE), tras pagar 85 euros y teniendo derecho a dos convocatorias. El examen es un tipo test de 25 preguntas sobre Gobierno, legislación, historia, cultura y sociedad españolas: el tiempo de caducidad de la tarjeta sanitaria europea, quién debe aprobar los proyectos de reforma constitucional o a quién compete la defensa de la integridad territorial de España son algunas de las cuestiones del examen.

Burocracia

A estas dos tasas que han de pagar los solicitantes, se suma la de admisión del expediente, que asciende a 101 euros. La documentación que han de aportar de sus países de origen también tiene un coste, especialmente si no están en español y requieren traducción jurada. Freddy Ramírez es colombiano y no tuvo que examinarse porque estudia en Elche desde la Primaria; tampoco necesitó traducir documentos, pero aun así el procedimiento le ha costado más de 300 euros y mucha burocracia: «La pedí hace un año, así que por experiencias cercanas imagino que me llamarán dentro de dos», se resigna el joven. Freddy no ha tenido que recurrir a la ayuda de un profesional para realizar los trámites porque su madre conocía el proceso, pero la profesora Lerdys Heredia insiste en que es importante que el solicitante sea asesorado correctamente: «Se exige una conducta social ajustada y por ello los solicitantes se preocupan por presentar los antecedentes penales de su país de origen, pero se olvidan cancelar posibles antecedentes penales o policiales en España, como multas por exceso de velocidad o de alcohol», explica la profesora. Esto implica que el tiempo y el dinero invertido puedan ser en balde. Si, en cambio, se resuelve favorablemente, aún queda otro procedimiento hasta la obtención del codiciado DNI que, según los expertos, puede demorarse fácilmente otros 3 años. «Parece que son todo trabas», lamenta María, «y mi madre, que se pasa todo el día trabajando en hostelería, tiene muy poco tiempo para gestionarlo».

Sin embargo, pese a las trabas, tanto Heredia como los solicitantes coinciden en señalar que son muchos los beneficios de obtener la nacionalidad: posibilidad de un mejor empleo, acceso a prestaciones y opción a opositar. La hermana de María es doctoranda y no tiene acceso a ciertas convocatorias, y ella misma descubrió hace poco una convocatoria pública que le interesaba. Primer requisito: ser nacional.

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