La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha condenado a tres hombres a tres meses de prisión, una multa de 120 euros y al pago de 77.267,16 euros de indemnización a los perjudicados, por un delito de estafa al vender como originales una veintena de cuados que atribuían a pintores reconocidos, pero que carecían de cualquier valor artístico.

Los hechos se remontan a febrero de 1999, cuando uno de los implicados, que poseía una tienda de antigüedades en Murcia, derivaba a los compradores a una finca en Orihuela donde se encontraba la supuesta colección de pintores de renombre en la zona levantina, como Benjamín Palencia, Grau Sala o Anglada Camarasa. Estos cuadros, colgados en las paredes de esta finca para dar esa sensación de que pertenecían a una colección privada, eran presentados como una ganga, debido a una imperiosa necesidad económica de su propietario. Así, cerraron una primera operación de nueve obras por valor de 2,8 millones de pesetas, lo hoy serían casi 17.000 euros.

Para perpetrar el engaño, un tercer implicado, que se presentaba como crítico de arte, expedía unas certificaciones técnicos y un estudio y valoración de las obras bajo su título de «crítico de arte miembro y directivo de prestigiosas entidades culturales y experto en materias del urbanismo histórico-español». En cada uno de los cuadros vendidos, especificaba en el certificado que «el origen de los cuadros y su procedencia son absolutamente y del todo legales».

Meses más tarde de producirse esta venta, los estafadores contactaron con el mismo cliente para ofrecerle otro lote, bajo el mismo modus operandi. En esta ocasión lograron colocar otros seis cuadros, también atribuidos a pintores de renombre.

Meses más tarde, los estafadores derivaron a esta vivienda a otro comprador. Con la misma apariencia y expedición de certificados falsos, vendieron otras ocho pinturas por un millón de pesetas. También a precio de ganga por esa imperiosa necesidad de dinero por parte del vendedor.

Dilación indebida

En un primer momento, la Fiscalía solicitaba cinco años de prisión a cada uno de los acusados, además de una multa de 2.160 euros. Sin embargo, debido al retraso del proceso judicial, se llegó a una conformidad entre la defensa y la Fiscalía para reducir la prisión a tan solo seis meses. Lo que se ha mantenido intacta es la responsabilidad civil. Así, los acusados deberán indemnizar con 41.206,43 euros a uno de los estafados, y con 36.060,73 euros a la otra víctima de la trama que vendía garabatos muy caros.