n El impago de facturas a la empresa Ilidexsa por unos trabajos de Fiestas realizados durante el mandato de Alejandro Soler y encargados por la entonces concejal del área y ahora asesora municipal, Blanca González, han acabado saliéndole caro al Ayuntamiento de Elche. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Elche ha condenado al Consistorio ilicitano a pagar 430.000 euros, además de los intereses generados hasta ahora, a la mercantil, tras entender como ejecutadas unas actuaciones que la Corporación municipal del PP se negó a afrontar, alegando que el equipo de Soler se había saltado el procedimiento legal.

El fallo alude al acta de la sesión extraordinaria de un pleno celebrado en 2012, en el que el Partido Popular, entonces al frente del Ayuntamiento, reprobó a Blanca González y exigió a la exedil que hiciera frente al pago de unos trabajos realizados entre 2007 y 2009, relacionados con el montaje y desmontaje de vallado, que ascendían a 440.000 euros. Tras este revuelo, la exedil de Fiestas aseguraba que había cedido a la firma de las facturas «como un favor» al entonces concejal de Hacienda, Manuel Latour, y para colaborar con la empresa, que se veía en apuros económicos, lo que finalmente le llevó al cierre. Un mes después, Mercedes Alonso le retiraba la dedicación exclusiva a González. El argumento que utilizó el PP, cuando era el inquilino de la Plaça de Baix, para negarse al pago de esas facturas pendientes fue que los trabajos se realizaron sin seguir ningún procedimiento administrativo y que fueron encargos verbales. Algo similar a lo que ocurrió con la misma empresa por el asfaltado del campo de fútbol de 2008, por los que la firma también llevó a los tribunales al Ayuntamiento para exigir medio millón de euros. El PP alegó, cuando gobernaba, que los trabajos se desarrollaron en una propiedad privada y sin que existiera ninguna adjudicación formal.

Ahora, en la sentencia que ayer tuvo que dar cuenta la junta de gobierno local, desde donde hicieron alusión a trabajos realizados entre 2007 y 2011 -y no desde 2007 a 2009-, también expone que incluso no existe «perjuicio para exigir la responsabilidad de la persona responsable de Fiestas, por cuyo encargo se cometieron los servicios efectuados por la entidad recurrente».

Con todo ello, después de que ayer saliera a la luz esta condena al Ayuntamiento, el PP y el PSOE se enzarzaron en un cruce de acusaciones. Por un lado, los populares alegaron que «los gastos que hace referencia la sentencia se realizaron vulnerando todos los procedimientos legales y administrativos que deben existir en una Administración pública» y advirtieron que, además de realizar esos encargos irregulares, en el mandato de Soler, tampoco se procedió al pago de los mismos. Por su parte, la portavoz socialista, Patricia Macià, se aferró a que «lo grave es que en 2012, cuando se tenían que haber realizado los pagos, no se abonaron. Ahora todos los ilicitanos tendremos que responder con miles de euros».