La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha solicitado al Ministerio de Justicia que adelante los trámites para que uno de los dos nuevos juzgados de Primera Instancia de Elche se transforme en Registro Civil.

La consellera ha indicado al respecto que la carga de trabajo que debe soportar el Juzgado de Primera Instancia ilicitano es "enorme", según informa la Generalitat en un comunicado.

Además, ha solicitado la entrada en funcionamiento antes del próximo 29 de diciembre de otros cuatro de los 14 juzgados cuya creación aprobó el Gobierno en octubre, en las localidades de Novelda, las valencianas de Llíria y Massamagrell, y Castellón de la Plana.

Bravo ha comunicado al departamento que dirige Rafael Catalá que la Generalitat "dispone de los medios humanos y materiales" para que los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Llíria, el 4 de Massamagrell, 10 de Castellón y 4 de Novelda puedan estar "plenamente operativos" antes de fin de año.

La elevada cantidad de trámites del Registro Civil, como los expedientes matrimoniales, ha hecho necesario el refuerzo de personal de este servicio. Aunque este organismo requiere más funcionarios para atender la carga de trabajo de las poblaciones de Elche, Santa Pola y Crevillent, la Conselleria de Hacienda autoriza el refuerzo de la plantilla para varios meses. De esta manera, tres funcionarios se adhieren a un equipo que ahora está integrado en total por diez profesionales para hacer frente a una carga de trabajo que no solo tiene que ver con los matrimonios, sino también con las nacionalidades, las inscripciones de nacimientos, defunciones, duplicados de libros de familia, certificados, etcétera.

En la localidad, desde hace un año el Registro Civil funciona casi de manera exclusiva gracias la prórroga del refuerzo de personal, pero todavía no se ha independizado totalmente del juzgado de Primera Instancia 3. Una demanda que ha elevado ya hasta el Tribunal Superior de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial. Frente a ello, en Alicante disponen de 36 funcionarios en sus registros civiles, que además son únicos y no compartidos con otros juzgados.

Los otros diez juzgados aprobados por el Consejo de Ministros para la Comunitat Valenciana se pondrán en funcionamiento de forma progresiva durante el año que viene, tal y como ha solicitado el propio Ministerio de Justicia.

Se trata de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Villajoyosa (Alicante) y el número 5 de Nules (Castellón); los de Primera Instancia números 7 y 8 de Elche, el 13 de Alicante y el 5 de Benidorm (Alicante). También entrará en funcionamiento uno nuevo de lo Penal en Alicante, el número 9, y otro en la localidad alicantina de Orihuela, que será el número 4.

Completan la lista dos juzgados de lo Social y de lo Mercantil en València, el 18 y el 4, respectivamente. El real decreto del Gobierno contempla además la transformación del Juzgado de Instrucción número 5 de Torrevieja (Alicante) en Juzgado de Primera Instancia número 4.

SITUACIÓN "INSOSTENIBLE"

A pesar del anuncio de nuevas aperturas, la titular de Justicia ha denunciado que la situación de la planta judicial valenciana es "insostenible" y que la creación de 14 órganos judiciales es "manifiestamente insuficiente, dada la carga de trabajo que existe".

Por ello, ha vuelto a reivindicar la creación de los otros cuatro juzgados que el Gobierno central no ha incluido en los refuerzos: el de lo Penal número 5 de Castellón; el juzgado de Primera Instancia número 4 de Torrevieja; el juzgado de lo Social número 19 de València y el de Primera Instancia número 6 de Gandia (Valencia).

Gabriela Bravo ha asegurado que la creación de estos órganos judiciales "cuenta con el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", cuya Inspección "ha comprobado las necesidades de la administración de Justicia en las tres provincias valencianas".