Con una deuda que roza los 70 millones y asfixiada por una falta de liquidez total y absoluta, IFA ha atravesado en los últimos meses por el que probablemente ha sido su peor momento. Primero fue Suma quien a principios de julio embargó a la entidad por los 375.000 euros de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que se adeudaban al Ayuntamiento de Elche desde 2012. Sólo unos días después el Juzgado de Instrucción número 2 de Elche notificaba otro embargo, después de que el despacho Tomás Llavador Arquitectos e Ingenieros SL pidiera la ejecución de la sentencia que condenaba al recinto a pagar 1,8 millones de euros por el macroproyecto de urbanización inacabado, a lo que había que sumar intereses y costas. Las cosas no podían ponerse más feas. Fue en ese contexto, y en el marco de un comité de urgencia, en el que el director general de Comercio, Natxo Costa comunicaba de viva voz a la cúpula de la entidad la posición de su jefe, Rafa Climent, y la suya propia: la Generalitat asumiría la deuda de IFA, de unos 70 millones, entre la que se mantiene con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y las entidades financieras, y, además, en el mismo decreto proyectado para Feria València. A partir de ahí, quedaba salvar el embargo del juzgado. La solución que encontraron Costa y Climent, y en lo que han estado trabajando desde entonces, no era otra que la de cubrir los 1,8 millones de euros que se debían al arquitecto con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Finalmente, en los últimos días el profesional valenciano ha acabado cobrando del FLA. El dinero embargado desde julio, unos 70.000 euros, será lo que servirá para hacer frente a intereses y costas . «Esto era una espada de Damocles, y, una vez solucionado, toca seguir trabajando», subrayó Costa.