Solo una persona de la quincena que, entre el lunes y ayer, estaban citadas en el Juzgado de Instrucción número 5 de Elche, por la llamada trama de los uniformes de Santa Pola, se ha mostrado dispuesta a declarar en sede judicial. Se trata de una trabajadora de una de las empresas de la familia Riera. Sus respuestas han sido las únicas que ha podido escuchar esta semana, en concreto ayer, la titular de este juzgado, María José Boix, que trata de aclarar si se han cometido delitos de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos e incluso falsedad documental a raíz de un presunto amaño de contratos en la compra de uniformes para la Policía Local y Protección Civil de Santa Pola.
Por estos presunto delitos, al menos están siendo investigados dos exediles, Antonio Pérez Huera y Andrés García Baile; el jefe de la Policía Local de Santa Pola, José Miguel Zaragoza; los oficiales de este cuerpo Pascual Linares y Roque Alemañ, expresidente y presidente del Club de Atletismo de la villa marinera respectivamente; así como del también otro agente. A ellos se suman representantes de varias empresas de uniformes de la Vega Baja con lazos familiares entre sí.
La jornada de ayer casi fue calcada a la del lunes. De las cuatro personas (una no pudo comparecer) y tres empresas llamadas a prestar declaración ante la jueza, solo una trabajadora accedió a contestar a las preguntas de la titular como a la de los abogados.
El resto, al igual que hicieran el lunes los siete que fueron llamados a comparecer, también se acogieron a su derecho a no declarar hasta que no se incorpore toda la información, sobre todo correos electrónicos y volcado de mensajes de texto de móviles, y se haga llegar a las partes.
Las defensas de los investigados quisieron remarcar que sus representados tienen muchas ganas de declarar ante la juez y contar todo lo que saben, pero antes es necesario que todas las partes tengan acceso a toda la documentación, no solo a la presentada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
El pasado 28 de junio este cuerpo practicaba una decena de detenciones. La sorpresa fue la detención de un exedil y de varios efectivos locales de Santa Pola, los cuales fueron puestos en libertad horas más tarde tras prestar declaración en la Comisaría de la Policía Nacional de Alicante, donde se centralizó la investigación.
