Siete personas, una de ellas en busca y captura, están siendo juzgadas en la Ciudad de la Justicia de Elche con relación a una operación de tráfico de drogas con secuestro incluido. El fiscal inicialmente ha pedido penas que oscilan entre los tres años y medio y los nueve de prisión por varios delitos contra la salud pública y un delito de detención ilegal.
Los hechos se juzgan estos días en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial desplazada a Elche y, en concreto, cuatro personas están acusadas de organizar y participar en una operación de tráfico de estupefacientes, mientras que otras tres están acusadas de secuestrar al intermediario de la operación, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
El rocambolesco episodio sucedió en el año 2009 en Crevillent. Uno de los acusados, que trabajaba a modo de intermediario, contactó con otro para que recibiera en su casa el motor de un barco procedente de Perú. En su interior viajaban ocultos nada menos que seis kilos de cocaína.
Cuando llegó la droga, el receptor se lo pensó dos veces y se quedó con la mercancía y, a partir de aquí, los hechos empezaron a complicarse ya que éste decidió que sería mejor venderla por su cuenta.
Cuando el organizador de la operación se dio cuenta del engaño, comenzó a presionar al receptor de la cocaína, el cual finalmente optó por poner tierra de por medio y huir de Crevillent.
Liberado por la Policía Nacional
Ante ello, el promotor de la operación decidió contratar a tres personas para que secuestraran al intermediario, con la intención de recuperar o bien la cocaína, o bien el dinero de su venta. Así las cosas, el hombre pasó dos días detenido, hasta que fue liberado por la Policía Nacional.
En la primera sesión celebrada ayer tres de los acusados se mostraron favorables a una conformidad, mientras que otros tres, al parecer, se lo estarían pensando, según indicaron fuentes del bufete González-Sánchez Abogados. El séptimo, un ciudadano colombiano, es el que está en busca y captura.
Por los cargos de detención ilegal se han solicitado en principio seis años de cárcel para cada uno de los implicados, mientras que para los relacionados con el tráfico de estupefacientes, las peticiones se han fijado en los nueve años. También hay una petición de pena para uno de los acusados, que intervino como cómplice, que asciende a tres años y seis meses de privación de libertad.
Por su parte, las distintas defensas habrían solicitado en un primer momento la libre absolución para sus clientes, aunque podría ser que finalmente todos los acusados presentes lleguen a una conformidad con la Fiscalía.
Aún así, y pese a haber renunciado algunas defensas a determinadas pruebas testificales, es necesario confirmar en sala los hechos acontecidos en 2009 por parte de efectivos policiales que intervinieron en su momento en la investigación.
