Hasta tres millones de euros es la sanción que deberá afrontar el Ayuntamiento o cualquier Administración pública en caso de conceder licencias o autorizaciones que no cuenten con los informes preceptivos. La nueva Ley del Palmeral, pendiente de aprobar por el Consell tras elaboración de la propuesta por parte del Consistorio ilicitano, reforzará las multas contra las infracciones administrativas que vulneren el Patrimonio de la Humanidad.
Lejos quedan los 90.000 euros que contemplaba como cantidad máxima la anterior ley, que data de 1986, por quebrantamientos de este tipo. Ahora, la actual legislación dispara la cuantía de las sanciones y establece como máximo tres millones de euros, en caso de ser muy grave, y como mínimo fija 300 euros para las de carácter leve.
Precisamente, la amenaza urbanística es una de las cuestiones sobre las que los colectivos ciudadanos han puesto la lupa en los últimos años, con el objetivo de preservar del ladrillo el área reconocida y protegida por la Unesco.
De hecho, ahora, con la nueva normativa, que recoge la creación del Servicio de Inspección y de Vigilancia, también se busca blindar el Palmeral. Este organismo, que dependerá del Ayuntamiento, tendrá la consideración de agente de la autoridad y estará capacitado para recabar documentos e información relativos a los bienes objeto de tutela. En su actuación, se le deberá facilitar el libre acceso a las fincas o edificaciones donde se realicen las obras o usos que se pretendan inspeccionar y que no tengan la condición de domicilio.
Sin embargo, pese a la creación de ese órgano y al refuerzo de las sanciones, los nuevos usos urbanísticos que establece la normativa no han convencido a todas las asociaciones cívicas y de profesionales de la ciudad, que critican no haber tenido voz en la redacción de la ley. Hay quienes no comparten que, con la nueva propuesta, en huertos históricos del casco urbano se permita convertir viviendas en hoteles o restaurantes o construir museos o centros culturales de forma excepcional. Algo por lo que colectivos como Volem Palmerar o la Asociación de Palmereros de Elche (Apelx) van a presentar alegaciones.
Otras infracciones
Al igual que conceder licencias sin control está considerado como falta muy grave castigada con multas que van desde los 120.000 euros a los tres millones, también se incluyen en esta categoría las acciones u omisiones que comporten la pérdida o destrucción de cualquier elemento del Palmeral protegido; los usos o actividades que puedan afectar a su integridad física, o la omisión del deber de conservación y mantenimiento de los bienes inscritos en el Registro. Asimismo, el borrador elaborado por el Ayuntamiento recoge sanciones que van desde los 3.000 a los 120.000 euros en caso de infracciones graves por motivos como el no notificar a los órganos de gestión del Palmeral las alteraciones o cambios de uso que afecten a las características físicas del Patrimonio.
Entre las leves, que serán castigadas con sanciones que van desde los 300 a los 3.000 euros, destaca la falta de comunicación a los órganos de gestión del Palmeral de los cambios de dominio o posesión. Como curiosidad, la propuesta municipal también recoge que el importe que se recaude como consecuencia de la potestad sancionadora se destinará exclusivamente a labores de fomento, conservación y mejora del Patrimonio de la Unesco.
Principales novedades
Tres décadas después de la primera Ley del Palmeral, el Ayuntamiento ha definido los nuevos usos permitidos en las diferentes zonas de palmeras del territorio ilicitano. Si el Consell da luz verde a la normativa, habrá dos zonas claramente diferenciadas. El paisaje protegido por la Unesco, y también el del resto de la ciudad, quedará limitado a un uso agrícola, social y ambiental. Con ello, estará prohibido construir viviendas y colegios en esta área y tampoco se contemplan las casas prefabricadas. En este caso, lo que sí que estará permitida será la rehabilitación, pero en ningún caso la ampliación, tal y como aseguraron desde el equipo de gobierno.
Por contra, en las zonas del Palmeral que se encuentren en el área de tutela rural, esto es en el campo, sí que se abrirá la mano. Aquí, el tripartito quiere permitir un uso residencial y turístico, pero con restricciones. Solo se podrá construir en un 2% de las parcelas y las edificaciones no podrán superar las dos plantas de altura.
