El 4 de diciembre de 2017 es la fecha límite para que los edificios públicos y privados sean accesibles. Así lo recoge la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad para eliminar las barreras arquitectónicas. En plena cuenta atrás, y con dos meses de margen, el Ayuntamiento ha impulsado un plan de actuación para adaptar los inmuebles municipales a usuarios con movilidad reducida, con el objetivo de llegar a tiempo a ese plazo exigido para todos los municipios del país.
En esa primera remesa de intervenciones, el tripartito va a dar prioridad a los centros sociales para hacer obras en este ejercicio. Mientras, en el resto de departamentos municipales las concejalías tendrán que hacer una evaluación de las deficiencias y, de momento, no hay plazos para el inicio de las actuaciones ni partida económica. Desde el Ejecutivo local, la edil de Bienestar Social, Tere Maciá, señaló que el Consistorio empezará por este tipo de inmuebles «al estar más en contacto directo con el público que el resto de dependencias del Ayuntamiento en el día a día». Lo que sí aseguró la edil del área es que los trabajos comenzarán de forma paulatina para lograr eliminar las barreras arquitectónicas.
Por el momento, el tripartito ha finalizado ya la evaluación de la accesibilidad en los centros sociales de todo el término municipal. En todo este proceso para radiografiar los desperfectos y espacios susceptibles de una adaptación, los técnicos han puesto el foco sobre más de una veintena de edificios tanto del casco urbano como de las partidas rurales.
La accesibilidad visual, la auditiva y la intelectual, así como el entorno de los inmuebles, los accesos, los aseos, los ascensores, las puertas, la señalización y la iluminación son algunos de los principales elementos que han sido puestos a examen para que los técnicos municipales pudieran elaborar fichas técnicas y, a partir de ahí, definir las obras según las necesidades.
Los centros sociales de El Raval, el polivalente de Carrús y la Concejalía de Bienestar Social de la calle Ànimes son los tres inmuebles que necesitarán una intervención en mayor profundidad que el resto de inmuebles, aunque, según la edil de Bienestar Social, «no se trata de obras excesivas, sino más bien menores, ya que no hemos encontrado demasiadas deficiencias y están relacionadas con las puertas de acceso, rampas, etcétera». De hecho, la partida económica de la que dispone el Consistorio para hacer accesibles los edificios públicos este año es de 50.000 euros, tal y como cifró Tere Maciá.
No en vano, dentro de ese plan de actuación en edificios municipales, el Ayuntamiento también atenderá a reivindicaciones de asociaciones locales de Elche. Una de las obras se dirigirá a las instalaciones de la Asociación Parkinson Elche, ubicadas en el Huerto de Montenegro, en el barrio de Altabix. En este caso, el Ejecutivo local instalará un ascensor, a petición del colectivo que durante meses lleva reclamando este servicio por los problemas de movilidad de sus usuarios.
Del mismo modo, el Ayuntamiento ha incluido la adaptación de la sede de la Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama de Elche y Comarca (Amacmec). Aquí, el Ayuntamiento colocará una silla elevadora para facilitar a las usuarias subir y bajar a las plantas superiores del edificio, y, de este modo, que puedan asistir a los talleres o recibir alguna terapia.
Más allá de los edificios municipales, donde las personas con discapacidad y en sillas de ruedas aseguran que queda mucho por hacer para eliminar los obstáculos de accesibilidad, el Ejecutivo local también tiene entre las asignaturas pendientes adaptar diferentes puntos de la vía pública. «La adecuación de rampas y de aceras es una labor en la que el Ayuntamiento está poniendo el foco de forma permanente y cada vez que hay que hacer reparaciones en el pavimento se aprovecha para hacer pendientes para las personas con movilidad reducida», explicó la edil de Bienestar Social.
Con la accesibilidad en el punto de mira, de aquí a final de año también está previsto que el equipo de gobierno instale contenedores de basura adaptados a personas con discapacidad y a personas mayores. A nivel privado, los comercios y la hostelería también deberán eliminar las barreras arquitectónicas. Por su parte, el Consistorio se ha comprometido a impulsar una campaña de concienciación para que los negocios cumplan con la normativa.
