La sequía ha encendido todas las alarmas en el sur de la provincia, sobre todo desde que las comunidades de regantes han empezado a restringir el agua, lo que ha obligado ya a agricultores a recortar parte de sus plantaciones de invierno. La situación de emergencia llevó ayer a que Riegos de Levante convocara una cumbre con alcaldes y concejales de siete ayuntamientos, que acordaron presentar en los plenos municipales mociones para reivindicar el trasvase del Tajo-Segura y redoblar la presión al Consell e incluso al Gobierno central.

Desde el 1 de octubre, siete de las ocho agrupaciones de comuneros que conforman la Comunidad General- abastece desde Mutxamel hasta Orihuela-, excepto El Canal, han empezado a limitar a los agricultores el abastecimiento de agua. Algo que los trabajadores del campo afrontan con preocupación e incertidumbre. Tanto es así que desde la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) señalaron que, con los aportes hídricos actuales, no hay garantías de que puedan finalizar las cosechas. Algunos han optado ya por reducir la superficie de los cultivos de invierno. Otros tratan de aguantar la asfixia con la esperanza de que llueva en los próximos días.

En este marco, alcaldes de Elche, Albatera, San Isidro, Cox y Benferri, además de ediles de Crevillent y El Campello, cerraron filas y mostraron ayer su compromiso en una reunión de trabajo para presentar en todos los plenos municipales del sur de la provincia mociones para blindar el trasvase Tajo-Segura y solicitar la vigilancia de los embalses. No en vano, desde la Comunidad General de Riegos de Levante tampoco descartaron extender la petición incluso a Murcia ante la crítica situación por el déficit hídrico. De forma paralela, pusieron el acento en defender la redotación de cabeceras del Tajo. También acordaron crear un banco público de agua que permita autorizar la compraventa y la cesión de derechos entre las comunidades de regantes.Otro de los frentes abiertos que forman parte de uno de los escollos que sufren los agricultores es el elevado precio del agua desalada, por lo que las entidades locales reclamarán rebajar el precio de este recurso. «Ahora mismo estamos pagando a 52 céntimos y estamos esperando que por parte del Ministerio se conceda una subvención para que en lugar de 52 nos cueste 35 céntimos, que sigue siendo caro, pero cuando no tenemos otros recursos no podemos más que comprar este agua», apuntó el presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer.

Otra de las medidas que plantearon desde Riegos de Levante es la apertura de los pozos para compensar el déficit hídrico. Algo que todavía está en proyecto y que depende del visto bueno de las administraciones. «Tenemos encima de la mesa una desalobradora que sería abastecida por los pozos de San Isidro y la apertura de otro pozo de Crevillent. Lo que necesitamos es una solución definitiva a los problemas y no esperar siempre a la lluvia», apuntó Berenguer. De obtener la autorización, las obras tardarían entre cuatro y cinco meses.

Mientras tanto, después de tres campañas ininterrumpidas de sequía y la apertura del año hidrológico, la solución más inmediata que propone Riegos de Levante pasa por lograr más aportes hídricos externos, como la cesión de derechos y el agua de la depuradora de Alicante para ampliar la dotación de agua que tiene cada agricultor.

La situación de emergencia por las restricciones de agua despertó también la preocupación de los alcaldes y concejales presentes en el encuentro celebrado ayer en Elche. En este sentido, mostraron su apoyo a las medidas planteadas por los responsables de Riegos de Levante. Por el momento, la Comunidad General está impulsando, entre otros proyectos, análisis de las posibles fugas de agua en sus embalses y canales, además de acometer la modernización en la tercera comunidad de regantes, para minimizar también las pérdidas y rentabilizar el uso de los recursos de los que disponen.