La emergencia habitacional y las dificultades con el empadronamiento que sufren las familias que están a la espera de un desahucio en Elche ha llevado a la plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) a rebelarse contra el equipo de Gobierno ilicitano. El colectivo, que ya se manifestó la pasada semana frente al Ayuntamiento, ha cargado de nuevo contra el tripartito por la falta de viviendas sociales en la ciudad, que según la agrupación, hace que los afectados se vean en la obligación de ocupar viviendas.
La plataforma ha denunciado que el Consistorio está incumpliendo la nomativa de empadronamientos. «Desde que en 2015 llegó al gobierno municipal la actual corporación, esta situación no ha parado de empeorar, siendo imposible empadronarse a quienes no pueden demostrar que están en una vivienda con título legítimo, ya sea propiedad o alquiler», apuntaron en un comunicado ayer. De forma paralela, los afectados han cuestionado los resultados que está obteniendo la Oficina Municipal de la Vivienda en cuanto a la paralización de desahucios y el logro de alquileres sociales para las familias vulnerables.
Frente a todo ello, desde el Consistorio, la edil de Bienestar Social, Tere Macià, aseguró que el Ayuntamiento, con la elaboración de informes sociales, está logrando detener un lanzamiento hipotecario al mes, gracias a una anticipación de meses para evitar llegar a que se produzca el desahucio. La edil del área ya manifestó que la Oficina Municipal de la Vivienda está trabajando para regularizar las ocupaciones ilegales que se están produciendo en la ciudad, buscando alternativas ocupacionales. También apuntó que los problemas derivados del empadronamiento, están en proceso de resolución. Sin embargo, respecto a la ocupación ilegal de viviendas, el Ayuntamiento va a recurrir a la Policía Local para hacer informes sobre la convivencia vecinal o si los ocupantes generan conflictos en la comunidad, además de averiguar si tienen antecedentes.
Asimismo, desde el tripartito ya anunciaron que pondrán en marcha una campaña de captación de viviendas vacías entre particulares para destinarlas a alquileres sociales. Todo ello será posible con un seguro de responsabilidad civil que gestionará el propio Ayuntamiento.
