El caso de los chiringuitos de El Carabassí ha vuelto a poner la lupa sobre el Partido Popular ilicitano en los últimos días. Después de no haber podido esconder la brecha interna que sufre el grupo municipal en el pleno del lunes, ahora la apertura del juicio oral contra dos ediles con cargos públicos en el Ayuntamiento ha tensado todavía más las cuerdas.
El hecho de que el juez haya decidido sentar en el banquillo a Justino Delgado y a Luis Ángel Mateo, acusados de un presunto delito de prevaricación ambiental, hizo que el PSOE diera un paso al frente. A los dos concejales, junto al diputado provincial y exalcalde de Santa Pola, Miguel Zaragoza, y el exedil socialista, Emilio Doménech, se les acusa de haber permitido la instalación de los chiringuitos en las playas de Elche y Santa Pola que superaban los niveles del ruido permitido y de no haber hecho nada para su cierre pese a las continuas quejas vecinales y denuncias.
Esto no dejó ayer indiferentes a los socialistas, que arremetieron contra los populares y pidieron la renuncia de los dos ediles. Es más, el alcalde y secretario general del PSOE, Carlos González, aprovechó la situación para reprochar al presidente del PP, Pablo Ruz, las luchas internas de poder. Directamente, el regidor ilicitano exigió a los populares que empiecen a mostrar algún gesto de regeneración y pidió al que fuera el delfín de Alonso que aplicara el código ético de su partido.
Ante la nueva tormenta que ha caído sobre el Partido Popular ilicitano, no solo el presidente de la Corporación municipal dio un paso al frente. También comparecieron los ediles socialistas Patricia Macià y Héctor Díez. Ambos reclamaron al presidente del PP local que pida la renuncia de Justino Delgado y Luis Ángel Mateo. Alegaron que la apertura de un juicio oral es un «hecho muy grave y daña la buena imagen de este Ayuntamiento». Por contra, en el caso de exedil socialista también implicado se aferraron a que Doménech ya no ocupa ningún cargo público.
En las filas del Partido Popular prefirieron ser prudentes. Pablo Ruz, que compareció ayer para anunciar un ciclo de conferencias, prefirió no mojarse y ser cauto. Sin embargo, frente a la avalancha de críticas, fuentes populares sí que precisaron que el código ético solo habla de situaciones de corrupción y en este caso se habla de un delito ambiental.
Ahora, y más tras el informe jurídico que deja a Mercedes Alonso y Vicente Granero como portavoces, tumbando la propuesta de Ruz y del comité ejecutivo, habrá que ver si se producen nuevos movimientos en el seno del grupo municipal del PP. No en vano, Justino Delgado está en la facción de Alonso y Luis Ángel Mateo en la de Ruz. Cualquier movimiento derivado de la apertura de juicio oral que pase por la salida de los regidores, como exigió el PSOE, implicaría la entrada de dos afines al nuevo presidente del PP: María Teresa Mediola y Sergio Rodríguez.
