Fumata blanca. La Dirección General de Cultura y Patrimonio ha dado el visto bueno a la tercera fase de las excavaciones del Mercado Central de Elche. El Consell ya ha comunicado incluso a la promotora y a las partes interesadas, como es el Ayuntamiento de Elche, la autorización de las catas, que incluye toda el área de afección del proyecto. Así lo confirmaron ayer desde la Generalitat.
Tras este movimiento de ficha, la pelota está ya en manos del Consistorio ilicitano, que pretende, una vez recibida la notificación oficial, proceder al desalojo inmediato de los placeros resistentes en el inmueble. En las últimas semanas, el PSOE se ha aferrado a que la orden de Cultura y Patrimonio supondría ya el paso definitivo para despejar el edificio de abastos. Sin embargo, tanto el alcalde, Carlos González, como el edil de Mercados, Carlos Sánchez, aseguraron ayer que todavía no había entrado por registro ninguna notificación oficial de la Administración autonómica y que continuaban a la espera de este último trámite para entonces activar la maquinaria.
Tras numerosos ultimátum a los vendedores y con la luz verde de la Generalitat sobre la mesa, el siguiente paso ahora es esperar a ver cuándo firma el Ayuntamiento la orden de desalojo y cómo reaccionan los placeros a partir de entonces. La portavoz de la junta de Gobierno local y edil socialista, Patricia Macià, aseguraba ayer que han intentado negociar con los placeros una salida pacífica, tras agotar todos los plazos y las vías posibles. Sin embargo, en caso de no llegar a un acuerdo en el último momento, el Consistorio recurrirá al secretario municipal para determinar el procedimiento administrativo que se aplica en estos casos, con el objetivo de que los vendedores dejen sus puestos.
Una de las medidas que baraja el Ayuntamiento es el precinto de las instalaciones, dijo, aunque todavía está por determinar la acción definitiva. Lo que sí que reconocían ayer desde el PSOE es que la decisión de desalojar el edificio es municipal y que un juez lo único que puede hacer es dejar sin efecto la orden del Ayuntamiento, en caso de que los placeros recurran. Así las cosas, la decena de vendedores que continúan con la actividad comercial en la primera planta del edificio se han mostrado contundentes hasta ahora. Defienden que tienen en vigor sus concesiones y que quieren continuar con su trabajo al entender que, si las excavaciones se van a realizar en los alrededores del inmueble, no tiene que interrumpirse su actividad. Desde el Ayuntamiento reiteraron de nuevo que las catas arqueológicas también se realizarán en los huecos del ascensor del edificio y que harán inaccesible la entrada al Mercado.
No obstante, desde la Conselleria de Cultura y Patrimonio tampoco precisaron ayer ningún plazo para el inicio de las excavaciones. Tan solo indicaron a este diario que, en estos procesos, primero se realizan las catas, luego la memoria con los resultados y posteriormente la valoración por la Administración autonómica. Poco más.
Sea como sea, la autorización del Consell es otro capítulo dentro del culebrón en el que se ha convertido el Mercado Central. En 2014, el PP adjudicó el contrato a la empresa para elaborar un proyecto que pasa por derribar el inmueble y que ha sido cuestionado hasta la saciedad por ir aparejado a un aparcamiento subterráneo, entre otras cosas. Después, comenzaron unas primeras y unas segundas excavaciones. A partir de ahí, los recursos en los juzgados llovieron por parte de los placeros que resistieron en el edificio. Tres años después, Cultura descartó que los restos hallados en el subsuelo del edificio tuvieran valor alguno como para ser protegidos.
La adjudicataria debía entonces realizar nuevos trabajos en el perímetro del inmueble. En mayo, tras el informe de Patrimonio, el Ayuntamiento -con el rechazo de Compromís- ya anunció el «desalojo inmediato» de los placeros. Aún siguen ahí, pese a los ultimátum.
