Una pena correctiva que en este caso ha servido para, en lugar de reinsertarse en la sociedad, seguir delinquiendo. Dos operarios de DYA que cumplían en la entidad los trabajos en beneficio de la comunidad impuestos por el juez se enfrentan ahora a una pena de uno a seis años de cárcel por delitos de estafa, tras haber sido pillados utilizando las tarjetas de empresa para llenar el combustible de sus vehículos particulares. La cantidad defraudada supera los 8.700 euros, una cantidad relativamente pequeña cuando se trata de estafas, aunque la Fiscalía podría elevar la pena de prisión ya que el delito se habría cometido en «cosas de primera necesidad», según dice expresamente el Código Penal, en este caso, en servicios relacionados con la asistencia sanitaria.

La propia organización fue quien interpuso la denuncia, según confirmó a este diario su gerente, Antonio Tarí. Las investigaciones continúan abiertas. Al parecer, existen sospechas de que los dos detenidos, que ya no se encuentran realizando sus funciones en la ONG, podrían haber realizado otros actos delictivos derivados de sus funciones. Ambos se encontraban realizando los trabajos sociales impuestos por un juez para cumplir con sus respectivas penas por condenas anteriores. En este caso, la labor consistía en ayudar al personal sanitario y a enfermos en labores de traslados, mantenimiento, limpieza o apoyando a los usuarios con algún tipo de discapacidad. Todo apunta a que, a falta de remuneración por su labor, ya que se trataba de una conmuta de la pena, optaron por servirse ellos mismos, en forma de vales de gasolina gratis a costa de DYA.

La empresa otorga a sus trabajadores unas tarjetas bancarias con las que repostar los vehículos, para facilitar así la reposición de gasolina y que se pueda hacer en cualquier momento de necesidad. Esas tarjetas son las que utilizaron ya no solo para sus vehículos particulares, sino incluso para llenar el depósito de una moto de agua. Vacaciones y diversión a costa de la entidad.

Las sospechas llegaron cuando, revisando facturas, se observó un gasto en combustible mucho mayor que el habitual. La empresa puso en conocimiento de los agentes el caso y las pesquisas condujeron rápidamente a los dos arrestados. Uno de ellos está acusado de realizar cargos fraudulentos por valor de 5.060 euros, y el otro 3.650 euros. Lo que no trascendió -el caso está bajo secreto de sumario- es por cuanto tiempo se dilataron estos cargos indebidos, ya que se trata de cuantías muy elevadas. Demasiado como para no levantar sospechas y que se descubriera la estafa, como finalmente ha ocurrido.

DYA acoge de forma habitual a varias personas que hacen trabajos en beneficio de comunidad para cumplir sus penas.